El juez del 'caso Pegasus' pide a Fiscalía y Abogacía que le envíen sus preguntas para Bolaños

Asume "tácitamente" que el ministro testificará por escrito al no contestar a su propuesta de hacerlo por videoconferencia

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha asumido "tácitamente" que finalmente el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, declarará por escrito, por lo que ha dado un plazo de tres días a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que le envíen las preguntas que quieran formular al testigo, en el marco de las pesquisas por el espionaje con Pegasus al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles.

En un auto de este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 explica que, aunque el 23 de junio sugirió a Bolaños que declarara por videoconferencia, dándole tres días para contestar, el responsable de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha dejado transcurrir el plazo sin realizar ninguna manifestación al respecto, lo que le aboca a realizar la diligencia por escrito.

Eso, razona Calama, "nos conduce a entender tácitamente rechazada la opción ofrecida a los efectos de prestar declaración testifical a través de videoconferencia, y por ratificada en igual forma su decisión de acogimiento al privilegio procesal" que permite a los miembros del Gobierno declarar por escrito sobre hechos de los que hayan tenido conocimiento por razón de su cargo, como es el caso.

En consecuencia, asumiendo ya que Bolaños testificará por escrito, el instructor ha dado ese mismo plazo de tres días a las partes --Fiscalía y Abogacía-- para que le envíen su pliego de preguntas para el ministro. Asimismo, detalla que, una vez recibidas, estudiará si son pertinentes para remitírselas posteriormente al testigo a fin de que las conteste también por escrito.

Calama citó a Bolaños para que este 5 de julio testificará presencialmente, aunque ya le avanzó entonces que tenía derecho a hacerlo por escrito. El ministro optó por esta segunda forma, ante lo cual el magistrado le recordó que también podía hacerlo por videoconferencia, un formato que --en opinión del juez-- contribuiría a "asegurar el buen fin de la causa y su tramitación en términos de agilidad y utilidad".

Bolaños respondió ese mismo día. "Me coincide con el Consejo Ministros y por eso he planteado comparecer por escrito", dijo en una entrevista a La Sexta. Desde el Congreso, aseguró que ofrecería a Calama "toda la información" que obra en poder del Gobierno sobre este asunto, al margen de la ya entregada con la denuncia inicial.

También desde la Cámara Baja, Bolaños indicó que el instructor le llamaba en calidad de denunciante, porque fue él quien anunció en rueda de prensa que Abogacía había presentado una denuncia en la Audiencia Nacional por dicho espionaje.

SIN ACUSACIÓN POPULAR

Así las cosas, la declaración inicialmente fijada para el 5 de julio se completará en fechas cercanas. Además de Calama, Fiscalía y Abogacía cabía la posibilidad de que en este interrogatorio escrito participara la Asociación de Juristas Europeos Prolege, que ha sido admitida como acusación popular.

No obstante, Calama les impuso una fianza de 10.000 euros que aún no ha podido recabar. Pese a ello, han enviado al magistrado su propio pliego de preguntas para Bolaños, con la expectativa de que acepte realizarlas, según ha podido saber esta agencia de noticias.

En otra resolución de este lunes, el juez ha rechazado el recurso que presentó Abogacía contra la decisión de admitir la personación de Prolege como acusación popular. Los Servicios Jurídicos del Estado esgrimían que era "improcedente" porque, aunque "los hechos investigados conllevan una afectación al interés general", eso no supone que el delito de descubrimiento y revelación de secretos pase de ser un delito "semiprivado" a uno "público".

"De lo contrario, se daría lugar a posible acceso a todo el contenido de datos de la intimidad de los agraviados en directa contradicción con lo que precisamente constituyen el fundamento de la acción penal y el bien jurídico que se quiere proteger", avisaba la Abogacía.

Calama rechaza este razonamiento por cuanto en este caso "el delito investigado no solo afecta al bien jurídico intimidad y autodeterminación informativa, sino también a los 'intereses generales'". Esas "circunstancias especiales" hacen que se trate de "un delito público", afirma.

Añade que "la exfiltración de información del dispositivo móvil de la ministra de Defensa, que fue objeto de denuncia y que es un hecho objeto de la presente investigación, podría integrar, además, alguno de los delitos relativos al 'descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la Defensa Nacional' (...) cuya naturaleza pública es indiscutible".

Por último, recalca que, "aunque la acción popular no sea un elemento esencial de la noción de Estado Democrático de Derecho, lo cierto es que la participación ciudadana en la administración de justicia mediante la acción popular es una manifestación del principio democrático y debe ser entendida como un medio funcional para garantizar esa participación de los ciudadanos en el proceso penal".

LOS INFORMES DEL CNI

Calama empezó a investigar el 26 de abril, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos cometidos contra Sánchez y Robles, aunque posteriormente se incluyó a Grande-Marlaska tras confirmarse que también había sido espiado.

Según recogió en esa primera resolución, en la denuncia de Abogacía se decía que los móviles de Sánchez y Robles "fueron objeto de varias infecciones" con Pegasus entre mayo y junio de 2021.

Los informes del Centro Criptológico Nacional sobre ambos teléfonos que citaba la denuncia inicial ponían de relieve que el móvil del presidente del Gobierno fue infectado en dos ocasiones --19 y 31 de mayo de 2021-- y el de Robles, en junio de ese año. En ambos casos, concluían que "se produjo exfiltración de información".

EN PLENA CRISIS CON MARRUECOS

La primera de las intrusiones en el móvil de Sánchez se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo de 2021 que precisamente llevó a Sánchez a visitar este segundo día la ciudad autónoma, así como Melilla, con el ministro de Interior.

Además, el 18 de mayo fue cuando Marruecos llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaicha, la que se había convocado en Exteriores para protestar por los acontecimientos en Ceuta. El mismo día 19, Sánchez estaba en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

La segunda habría tenido lugar cuando Sánchez se encontraba con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en Alcalá de Henares por una cumbre bilateral. Ese día, Marruecos publicó un comunicado en el que indicó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del Gobierno respecto al Sáhara, no por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Precisamente, este último declaró el 1 de junio de 2021 como imputado ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional por la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) por genocidio y horas más tarde voló de regreso a Argelia.

En cuanto al teléfono móvil del ministro de Interior, el Gobierno informó después de que Grande-Marlaska sufrió dos ataques en el mismo junio de 2021. En el primero de ellos le fueron sustraídos 4 megas y en el segundo un volumen mucho más importante de información, 6,3 gigas.

El análisis de los terminales de otros miembros del Gobierno también pudo determinar un intento de infección del teléfono del titular Agricultura, Luis Planas, que resultó fallido, y se produjo igualmente en junio del pasado año.