Da un plazo de siete días tras el cual pedirá informe al fiscal antes de resolver sobre esta cuestión
MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional encargado de indagar en las presuntas irregularidades contables del Banco Popular en 2016 ha dado traslado a las partes personadas en la causa para que se pronuncien sobre la petición del Banco Santander de excluir a la entidad de su posible responsabilidad civil después del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 5 de mayo.
En una providencia de este mismo lunes, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, abre un plazo de siete días para que las partes que lo deseen presenten las alegaciones que consideren oportunas. Cuando transcurra ese plazo el magistrado solicitará al fiscal informe antes de resolver sobre la cuestión.
Fue el pasado viernes cuando la entidad presidida por Ana María Botín dirigió esta solicitud aludiendo a la sentencia en la que la Sala Tercera del TJUE declaró que la normativa europea sobre resolución se opone a que los accionistas que compraron acciones del Popular antes de su resolución puedan exigir responsabilidad al Santander por la información contenida en el folleto o ejercer una acción de nulidad del contrato de suscripción de esas acciones. En la práctica, eso llevaría a la restitución de las cantidades invertidas y de los intereses devengados.
"La sentencia del TJUE deja claro que la normativa sobre resolución persigue ese resultado como interés general superior de la Unión. La adquisición de Banco Popular por Banco Santander permitió garantizar la estabilidad del sistema financiero, evitar un riesgo sistémico y proteger a los depositantes y acreedores ordinarios de Banco Popular y los recursos de los contribuyentes, que habrían resultado gravemente perjudicados si Banco Santander no hubiese adquirido Banco Popular", apuntó el Santander.
LA SITUACIÓN DEL SANTANDER EN LA CAUSA
El banco añadía que "precisamente por eso se exonera de responsabilidad a quien está en la posición de Banco Santander en este caso frente a reclamaciones de anteriores titulares de instrumentos de capital de la entidad resuelta, que perseguirían precisamente lo mismo que el Derecho de la Unión proscribe (ya se trate de acciones, obligaciones subordinadas, bonos, participaciones preferentes u otros instrumentos de deuda)".
En este contexto, el Santander recordaba que el banco interviene en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional "en calidad de posible responsable civil subsidiario por los supuestos perjuicios sufridos, como consecuencia de los hechos presuntamente delictivos que aquí se investigan, por anteriores accionistas o titulares de otros instrumentos de capital del extinguido Banco Popular Español que resultaron afectados por las medidas acordadas por el dispositivo de resolución adoptado por la Junta Única de Resolución el 7 de junio de 2017".
En concreto el magistrado indaga en las presuntas irregularidades contables del Banco Popular en 2016 y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.