El juez del 'caso Villarejo' da acceso a las partes a correos clasificados y pone en duda la "colaboración" del BBVA

Archivo - Entrada a la Audiencia Nacional en el momento en el que dos miembros del ente público ICM han sido testigos sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño en Púnica, a 7 de octubre de 2021, en Madrid, (España). La Fiscalía Anticorrup
Archivo - Entrada a la Audiencia Nacional en el momento en el que dos miembros del ente público ICM han sido testigos sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño en Púnica, a 7 de octubre de 2021, en Madrid, (España). La Fiscalía Anticorrup - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo
Publicado: miércoles, 21 diciembre 2022 12:26

El magistrado pone el foco en la "planificación efectuada para lograr dar apariencia de colaboración" por parte de la entidad

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que investiga los presuntos encargos ilegales que BBVA habría hecho al ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo ha autorizado el acceso a las partes a nuevos correos clasificados de la causa al tiempo que ha puesto en duda la "colaboración" de la entidad en la instrucción.

En un auto de este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, accede a lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción y da traslado de un total de 218 documentos de diversa índole asegurando que se respeta "de modo pleno el derecho a la intimidad" del banco.

A lo largo de la resolución el instructor hace suyas las razones esgrimidas por la Fiscalía para solicitar el acceso a todos los elementos. En una de esas explicaciones, referida a un documento sobre el conocido como proyecto 'Trampa', el juez se refiere a la actitud de BBVA a lo largo de la instrucción.

"La importancia del documento radica en la comprobación de cómo la documentación interna de trabajo del BBVA es mucho más extensa de la que ha sido aportada al Juzgado. Ello es de suma importancia, dado que una de las cuestiones que da lugar a la exoneración de la posible responsabilidad penal de la persona jurídica es la de la colaboración con la investigación de manera completa y leal y, documentos como este, ponen de manifiesto lo alejado de tal realidad", señala.

"FALTA DE TRANSPARENCIA DEL EQUIPO DIRECTIVO PARA CON" LOS ACCIONISTAS

Otro de los archivos a los que se ha dado acceso, detalla el magistrado, "muestra como todo cuanto se ha investigado internamente y aportado no es más que consecuencia de la planificación efectuada para lograr dar apariencia de colaboración" por parte del banco.

"Si tal documento, ideado para comunicar a los inversores del banco, finalmente no fue publicado, lo que revela es la falta de transparencia del equipo directivo de la entidad para con sus accionistas e inversores", advierte el juez.

En relación a otro de los ítems que se desclasifican, el magistrado que se refiere a la "manifestación de la voluntad de colaboración de la entidad, que es la que ha hecho que los principales informes y documentos que forman parte de la causa hayan sido aportados por voluntad unilateral de la propia defensa del BBVA".

"Fue ésta quién decidió cómo se debía de efectuar el forensic y, dentro de lo encargado, qué debía de ser aportado al Juzgado. Precisamente, este documento evidencia como no todo lo que se encargó fue aportado al Juzgado. Únicamente refleja líneas generales de investigación, pero no da cuenta de resultados", afirma el juez.

El instructor ha dado traslado a todos estos documentos unos días después de la declaración en sede judicial del expresidente del banco Francisco González. Fue el pasado viernes cuando, ante el juez, aseguró que no tuvo responsabilidad en la contratación de Villarejo y que el exdirectivo Antonio Béjar mintió en sede judicial al aseverar que él le ordenó contratar con la empresa que le dijera el jefe de Seguridad, Julio Corrochano.

Todo ello en el marco de esta pieza del caso 'Tándem', en la que García Castellón examina los contratos de BBVA con el grupo empresarial de Villarejo, Cenyt, para distintos proyectos --presuntamente ilegales-- al menos entre 2004 y 2017, unos trabajos por los que la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.