El juez incoa diligencias para identificar a los autores intelectuales del atentado de ETA en Santa Pola

Dignidad y Justicia considera "imposible" que un ataque así se hiciese de espaldas al comité ejecutivo de la banda

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha incoado diligencias previas para identificar a los autores intelectuales del atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante) que la banda terrorista ETA perpetró el 4 de agosto de 2002.

En un auto del pasado viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, Gadea indica que, si bien los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", "no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos, ni las personas que en ellos han intervenido", procede instruir diligencias previas y practicar las "esenciales" para dicha determinación.

Así, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 solicita a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que informe sobre su competencia y, en su caso, las diligencias a practicar. Las fuentes consultadas han señalado que el Ministerio Público todavía no se ha pronunciado al respecto.

Todo ello a raíz de la querella de 138 páginas presentada por la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) y elaborada por Miguel Ángel Rodríguez. En la misma, dirigen la acusación contra los seis jefes de la banda terrorista que presuntamente componían el máximo órgano de dirección --el ZUBA-- en el momento del asesinato dal considerarlos "penal y civilmente responsables" de su muerte.

La asociación señala de esta forma como jefes del aparato militar a Juan Antonio Olarra, alias 'Juanvi', y a Ainhoa Múgica, 'Olga'; del aparato logístico a Félix Ignacio Esparza 'Navarro'; del aparato político a Mikel Albisu, 'Mikel Antza', del aparato internacional a Ramón Sagarzazu, 'Ramontxo' y de la tesorería a María Soledad Iparaguirre, 'Anboto'.

PIDE QUE LES LLAME A DECLARAR

Entre sus peticiones al magistrado, DyJ solicita que se llame a declarar a todos ellos y que se prohíba salir de España y se retire el pasaporte a 'Navarro', 'Txango' y 'Mikel Antza'. En el caso de este último, esa medida ya fue aprobada por la Audiencia Nacional el pasado mes de diciembre, cuando compareció por su presunta implicación en el asesinato de Gregorio Ordóñez.

La asociación, como ya hiciese recientemente con el caso del asesinato del exconcejal del PP Miguel Ángel Blanco o del juez Francisco Querol, continúa con una línea de actuación con la que pretende sentar en el banquillos a los responsables intelectuales de los asesinatos de la banda.

En este caso en concreto, la Audiencia Nacional condenó en 2012 a 843 años de cárcel a los etarras Andoni Otegi Eraso, 'Iosu', y Óscar Celarain Ortiz, 'Peio', al considerar probado "sin ningún género de duda" que fueron los autores del atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante), que la banda perpetró el 4 de agosto de 2002.

TERMINÓ CON LA VIDA DE DOS PERSONAS

El atentado perpetrado por los dos integrantes del 'comando Argala' se saldó con el asesinato de Silvia Martínez Santiago, de seis años, y de Cecilio Gallego Alaminos, de 57.

Para la asociación, sin embargo, "es imposible" que semejante ataque "se hiciese espontáneamente y a espaldas de la ZUBA, y que ésta no diese su visto bueno, a una masacre de la trascendencia política y social de más de medio centenar de personas, dirigida contra familias enteras, niños, ancianos, de la guardia civil y en pleno agosto en una localidad turística costera".

Y es que, recoge la querella, "el comando ejecutor no tenía
absolutamente nada por si mismo, ningún medio", sino que "todo le fue suministrado". "Pocas veces habrá sido así y con características tan singulares y claras que el comando fue el mero receptor", aduce.

Así, y citando informes de los investigadores, la asociación señala que la ZUBA era el "máximo ente organizado" que decidía continuar "o no una u otra campaña de atentados contra uno u otro colectivos". Así, y adoptando decisiones de forma colegiada, decidían "literalmente la vida o la muerte de personas concretas".

"Ciertamente, nuestros querellados uno a seis no fueron 'meros mecanógrafos que pasaron a limpio' un texto del comando de la tienda de campaña que explosionó el coche-bomba cargado de explosivos en Santa Pola. Sino que, colegiadamente, ellos eran el ZUBA, ellos conjuntamente eran 'ETA personificada', eran 'la voluntad de ETA' aquel 4 de agosto de 2002", insiste.

EL CERCO DE LAS VÍCTIMAS A LOS AUTORES INTELECTUALES

Esta ofensiva iniciada por asociaciones de víctimas de la organización terrorista en la Audiencia Nacional ha cercado en los últimos meses a exjefes de ETA como los ya citados 'Mikel Antza' y también a otros como 'Iñaki de Rentería' o 'Josu Ternera', que se ven inmersos en investigaciones para tratar de determinar si son autores intelectuales de algunos de los asesinatos o ataques perpetrados por la banda.

Así, y aunque el tribunal ya condenó a tres personas como autores materiales del asesinato del teniente de alcalde de San Sebastián Gregorio Ordóñez, el juez Alejandro Abascal investiga si 'Mikel Antza' e 'Iñaki de Rentería' fueron los encargados de dar la orden.

Lo mismo ocurre en el caso del asesinato del que fuera concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, acordó reabrir la investigación sobre el atentado para determinar quienes fueron los responsables de planear y ordenar su muerte.

En esta línea, el propio 'Iñaki de Rentería' también se encuentra pendiente de pasar ante el juez, pero en esta ocasión el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, que acordó tomarle declaración junto a cerca de una docena de ex dirigentes etarras por el asesinato del juez Francisco Querol a causa de la explosión de un coche bomba el 30 de octubre del año 2000 en Madrid.