El juez incorpora "tamizados" los documentos de las salidas de Francisco González y otros ex directivos de BBVA

Archivo - El ex presidente de BBVA Francisco González, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar como como investigado por el 'caso Villarejo'.
Archivo - El ex presidente de BBVA Francisco González, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar como como investigado por el 'caso Villarejo'. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
Publicado: jueves, 13 julio 2023 13:34

Todo el material permanecía en un pieza secreta para proteger la intimidad de los ex ejecutivos

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez que investiga los presuntos encargos de BBVA al comisario José Manuel Villarejo ha acordado incorporar a la investigación algunos de los documentos sobre las salidas de Francisco González y otros ex directivos del banco, descartando la información sensible al considerar que todo este material "ha de ser tamizado por el principio de respeto a la privacidad e intimidad personales".

Fue el pasado enero cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, accedió a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y solicitó a BBVA que enviara "toda la documentación" relativa al "proceso de salida" de la entidad de los ex directivos investigados, excepto los que fueron despedidos antes del 1 de marzo de 2018.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor explica que toda esa información se ha ido guardando en una pieza separada de carácter secreto, "ya que se estimó necesario para salvaguardar el derecho a la intimidad" de los imputados.

"Pues bien, una vez que se han practicado las diligencias oportunas en relación con cada uno de los documentos aportados, procede su unión a la pieza, si bien, teniendo presentes las atinadas puntualizaciones y limitaciones que señala el Ministerio Fiscal", expone García Castellón.

Así, respecto al ex presidente de BBVA, ordena incorporar a esta pieza separada número 9 del 'caso Villarejo' la carta de dimisión de González y dos documentos --que no detalla-- que ya aparecían en las cuentas anuales de la entidad bancaria, por lo que se trata de información de "acceso público y general".

En cambio, descarta sumar su "certificado oficial de retenciones e ingresos del IRPF del ejercicio de 2018", por contener "información sensible, personal, íntima y reservada", y las "retribuciones variables" de González, "puesto que carecen de interés para esta causa, al estar desconectados de los hechos investigados".

Respecto a Ricardo Gómez Barredo, el juez da luz verde a "la notificación de la decisión de BBVA de desistir de la relación laboral", "el acuerdo transaccional y el finiquito", y el "acta de conciliación", aunque ordena ocultar de estos dos últimos papeles "los concretos datos económicos relativos a cantidades abonadas por cada concepto y números de cuenta bancaria, así como los datos personales".

De Eduardo Arbizu, une "la decisión de BBVA de concluir la relación laboral" y "el acuerdo transaccional y el finiquito", si bien ocultando en este segundo los datos económicos y personales. En la misma línea se pronuncia sobre Ignacio Pérez Caballero y Javier Malagón.

LUZ VERDE A LOS PAPELES DE CORROCHANO

En cambio, en el caso de Julio Corrochano, el que fuera jefe de Seguridad de BBVA, el juez ha explicado que, dado que "su defensa remitió en fecha 24 de enero de 2023 la documentación relativa a su salida", "procede su unión a las actuaciones principales con acceso de todas las partes".

García Castellón indica que ha realizado esta criba ponderando "la necesidad de la diligencia practicada en relación con el derecho a la intimidad de los sujetos involucrados".

"Nos hallamos ante información relevante, ya que se explicitan los motivos de la salida de los directivos y las razones a que obedecieron, si bien ello ha de ser tamizado por el principio de respeto a la privacidad e intimidad personales", dice.

Cabe recordar que en esta pieza separada del 'caso Villarejo' García Castellón examina los contratos de BBVA con el grupo empresarial del ahora comisario jubilado, CENYT, para distintos proyectos --presuntamente ilegales-- al menos entre 2004 y 2017, unos trabajos por los que el banco habría pagado al policía retirado más de 10 millones de euros.

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