El juez que investiga los encargos de BBVA a Villarejo toma declaración este jueves a tres testigos

El instructor de 'Tándem' escuchará el viernes a otros tres nuevos testigos

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga los presuntos encargos ilegales que BBVA habría hecho al ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo tomará declaración este jueves a tres testigos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, escuchará a partir del jueves a las 10.15 horas a Marta Hazen, la directora de la sucursal 7384 en el año 2007. Ese mismo día el juez ha citado, también como testigos, a Francisco Hernández y José Manuel Lorenzo, que comparecerán a las 10.30 y 10.45 horas respectivamente.

Un día más tarde, el viernes, el instructor escuchará a partir de las 10.15 horas a los testigos Carlos Barragán y Juan Antonio Prieto, ambos trabajadores de BBVA. Por último, el magistrado tomará declaración ese día a partir de las 10.30 horas a Gloria Arias Calvo.

Una semana después el magistrado también tomará declaración a cinco trabajadores de la entidad bancaria. Todas estas citaciones serán la antesala de la que será, previsiblemente, la última declaración en esta pieza separada de 'Tándem': la del expresidente de BBVA Francisco González. Después de varios cambios en la fecha, la declaración se celebrará el próximo 15 de diciembre.

González está investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos. La Sala de lo Penal levantó su imputación por administración desleal estimando el recurso del ex presidente de BBVA contra la decisión del juez de seguir el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que vio este posible ilícito en el supuesto uso del banco para obtener información sobre una finca que estaba interesado en comprar a título privado.

Todo ello en el marco de esta pieza en la que el juez examina los contratos de BBVA con el grupo empresarial de Villarejo, CENYT, para distintos proyectos --presuntamente ilegales-- al menos entre 2004 y 2017, unos trabajos por los que la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.