El juez que investiga la presunta macroestafa de José Luis Moreno impulsa la causa con seis nuevas declaraciones

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de investigar la presunta macroestafa cometida por el productor televisivo José Luis Moreno, ha dado un nuevo impulso a la causa llamando este viernes a declarar a seis personas como investigadas.

En una providencia del pasado 23 de enero, recogida por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 citó a partir de las 10.00 horas a un total 11 personas. Con todo, el instructor se ha visto obligado recientemente a suspender la declaración de cinco imputados por diversas razones.

En un principio, el instructor de 'Titella' llamó a sede judicial a Pedro Martín Liarte, José Antonio Más, Bernardo Martínez, Carlos Barquero, Eloy Jaime Fernández, Diego Casado, Juan José Manzano, Diogo Andrés Estévez, Francisco Jesús García, Francisco Javier Patiño y Manuel Pedraza.

Con todo, en una providencia del pasado 30 de enero el magistrado suspendió la declaración de Patiño y Estévez acordando que se procediese a la averiguación de su domicilio y su paradero. Además, el juez también dejó sin efecto la citación de Martínez y Francisco García, que han solicitado que se les designe un abogado del turno de oficio.

Además, el instructor también suspendió mediante una providencia dictada el pasado 1 de febrero la declaración de Pedraza acordando de la misma forma que se averiguase su domicilio o paradero.

MORENO, LA TARJETA DE VISITA

Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por el productor televisivo José Luis Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al "fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados", "a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés" y al "blanqueo de capitales"; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.

Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los "máximos responsables" y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, "como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita" a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, "era el principal receptor de los fondos obtenidos".

Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", por lo que se ocuparían de crear las sociedades, "maquillarlas", poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.

Mediante esta red de "empresas pantalla" administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían "grandes cantidades de dinero en efectivo" a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.