MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga la presunta 'criptoestafa' de Kuailian ha decidido ampliar seis meses la investigación de una supuesta estafa piramidal que habría dejado más de 65.000 afectados y 500 millones de euros de perjuicio económico, por lo que se alargará hasta el mes de marzo de 2024.
En una providencia, recogida por Europa Press, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Joaquín Gadea, acuerda esta prórroga pendiente de que las autoridades de Emiratos Árabes Unidos resuelvan sobre la solicitud de extradición de uno de los fundadores, David Ruiz de León, y su socio C. A.
El magistrado explica que, además de la declaración de sendos investigados, también está pendiente la emisión del informe policial final, determinar el número de perjudicados y la cuantía presuntamente defraudada.
El juez Gadea recuerda que "la presente causa es una instrucción compleja al tratarse de un delito de organización criminal, estafa agravada en su modalidad de defraudación con perjuicio patrimonial a una generalidad de personas, aún por determinar y blanqueo de capitales, siendo los hechos investigados el sistema de inversión piramidal denominado Kuailian".
GANANCIAS EXPONENCIALES
El mismo, continúa, fue "creado por los denunciados David Aurelio Ruiz de León García Vao, J. H. D. , Miguel Ángel Tello Encinas, C. A. C. H., presentándolo como un sistema de inversión en criptomonedas, con ganancias exponenciales para atraer inversores".
"La captación de nuevos inversores alimentaría la base de la pirámide, permitiendo la restitución y el abono de beneficios a los inversores iniciales, sin que la operativa responda a un negocio real. A través de esta operativa se podría haber causado perjuicio a una pluralidad de inversores, cuyo número no está determinado, tampoco el perjuicio sufrido por cada uno de ellos, pero de los datos hasta ahora obtenidos permiten inferir que puede haber afectado a un número elevado de personas", añade.
Las víctimas de este supuesto esquema piramidal, que se habría saldado con más de 65.000 afectados en varios países y 500 millones de euros de perjuicio económico, se querellaron en la Audiencia Nacional por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad y contra la Hacienda Pública.