Cita al guardia civil retirado y al empresario al que habría favorecido para el 28 de febrero
MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
La juez del 'caso Mediador' ha abierto una nueva línea de investigación para indagar de forma separada en la presunta trama protagonizada por el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, al que achaca haber aceptado dádivas --desde dinero a viajes-- a cambio de usar sus contactos profesionales para favorecer a empresarios que querían introducirse en el mercado canario e incluso en el africano.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción y abre una nueva pieza separada dentro del 'caso Mediador', en el que investiga una supuesta red de cobro de sobornos a cambio de favores políticos que estaría liderada por el ex diputado socialista Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni'.
La magistrada explica que esta fragmentación de la causa es necesaria porque su volumen "se ha multiplicado desde el primer instante de la investigación, convirtiendo la instrucción en compleja, con numerosos investigados y respecto de hechos algunos de los cuales no guardan relación entre sí".
En lo relativo al general, aprecia indicios de la comisión de distintos delitos de cohecho, en los que también habrían participado Antonio Bautista, el empresario que habría buscado los favores del entonces guardia civil, y Antonio Navarro Tacoronte, el 'mediador'. Así, cita a Espinosa y a Bautista para el próximo 28 de febrero para que declaren como imputados.
DINERO, VIAJES Y REGALOS MENORES
Lorenzo-Cáceres recuerda en su resolución los hechos hasta ahora conocidos en relación a estos tres imputados que justifican la apertura de una nueva línea de investigación, situando el origen de los presuntos delitos en unas conversaciones de agosto de 2020 entre Bautista y Navarro Tacoronte en las que éste propone al empresario extender su negocio de energías renovables, asentado en Madrid, a Canarias, obteniendo como contraprestación "distintos beneficios económicos".
Para facilitar la entrada de Bautista en el archipiélago canario, el 'mediador' acudió a "su amigo" Espinosa, entonces general de la Guardia Civil, al considerar que su intervención era "fundamental" por "las influencias que tenía en este sector fruto del período de tiempo en el que desarrolló sus responsabilidades públicas al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia de Gran Canaria".
A partir de ahí se sucedieron varios encuentros entre los tres investigados para perfilar estrategias, reuniones que "normalmente" tenían lugar en restaurantes de cuyo pago se hacía cargo Bautista, que también les agasajaba con "distintos presentes de escasa consideración", para "lograr un clima de acercamiento y confianza en su afán de atraer a los empresarios del entorno del general Espinosa".
Y ello porque los contactos del guardia civil no se limitaban solo a las Islas Canarias, "sino que traspasaban la frontera española aprovechando las influencias que Espinosa tenía en determinados proyectos internacionales desarrollados en África, consecuencia de haber estado al frente del proyecto GARS-Sahel desarrollado en el continente africano" por la UE.
La juez narra que, en un momento dado, Espinosa, "siendo consciente de la importancia de las responsabilidades públicas que ostentaba y el impacto que ello había generado en el empresario", comenzó a exigir contraprestaciones concretas, como la contratación de su pareja sentimental en alguna de las compañías de Bautista con un sueldo de unos 3.000 euros mensuales o la suya propia una vez retirado de la Benemérita, además de viajes a Canarias con todos los gastos pagados.
Según el relato judicial, Espinosa llegó a facilitar a Bautista distintas reuniones con "dos de los empresarios más relevantes de Gran Canaria, en concreto, Miguel Ángel Ramírez y con el entorno de la entidad Lopesan".