Un juez permite que un sindicato haga propaganda en el centro de formación de la policía catalana

BARCELONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado contencioso administrativo 10 de Barcelona ha estimado el recurso del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en Cataluña (SPPME-CAT) contra la Consejería de Interior, con lo que se le permitirá hacer propaganda para captar afiliados en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC), dedicado a la formación de futuros Mossos d'Esquadra y Bomberos.

En la sentencia, el tribunal destaca que ofrecer información de este tipo es "un derecho fundamental a la libertad sindical", pese a que Interior desestimara el recurso de alzada que interpuso SPPME-CAT por considerar que dicho sindicato no tenía representación suficiente --el 5,75% en 2007-- para acceder a las dependencias de la escuela de formación.

Interior fundamenta su negativa con el argumento de que la comisión que vincula la Escuela de la Policía con las organizaciones sindicales no incorporaba al sindicato demandante.

Sin embargo, el juzgado considera que la libertad sindical no puede ser restringida por esta comisión, ya que ésta tampoco tiene encomendada la función de decidir qué sindicatos pueden ofrecer información en el ISPC, sino que sólo debe canalizar la comunicación, ser informada sobre distintos asuntos, formular sugerencias de mejora y controlar las necesidades detectadas, entre otras.

"El derecho a informar a los representados --afiliados o no-- forma parte del contenido esencial del derecho fundamental, puesto que la transmisión de noticias de interés sindical, el flujo de información entre el Sindicato y los trabajadores, es el fundamento de la participación" que además, propicia el desarrollo de la democracia, afirma la sentencia.

Por ello, el juez ha anulado la resolución de Interior y ha pedido que se le faciliten fechas al sindicato para que pueda acudir a la escuela de formación e informe a sus afiliados y miembros de la policía catalana; también ha impuesto a la Consejería el pago de los 200 euros que ha costado el juicio.