El juez del 'Popular' encarga a la UDEF un informe analizando las testificales relacionadas con la ampliación de 2016

El magistrado quiere que los investigadores consignen el patrón de comportamiento de la entidad con sus clientes

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción del caso Popular ha oficiado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) un informe en el que analice las declaraciones de hasta 1.417 clientes que habrían comprado acciones del banco durante la ampliación de capital de 2016 a fin de determinar su patrón de comportamiento.

En un auto de este mismo jueves, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, se dirige al comisario jefe de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF para que le haga llegar las conclusiones sintéticas derivadas del análisis de esas testificales.

Fue precisamente el magistrado el que encargó el pasado 22 de marzo al comisario que realizase un trabajo de campo que abarcase a todas las provincias --incluyendo las ciudades autónomas--a fin de preguntar a una muestra de clientes si efectivamente compraron acciones del Banco Popular en la ampliación de capital del año 2016 con la financiación otorgada para ese fin.

"Tras completar la recogida de datos de la muestra, deviene necesario realizar un informe en el que se consigne el patrón o patrones de comportamiento de Banco Popular en relación con sus clientes, durante la comercialización de la ampliación de capital del año 2016", explica el juez instructor.

EL SECRETO DE LA PIEZA SEPARADA

Esta decisión del magistrado llega después de que levantase el secreto sobre esta pieza separada en la que se indaga en la financiación a clientes por parte de la entidad para la ya referida ampliación. Fue el pasado 7 de marzo cuando Calama creo esta pieza de forma secreta para, según explicó, evitar "interferencias que afectaran negativamente al buen fin" de las pesquisas.

Se trata de una de las dos principales ramas de este caso, en el que el magistrado investiga por un lado las presuntas irregularidades contables del Popular en 2016, con la ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros, y por otro las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.

Así las cosas, esas pesquisas que permanecían en secreto hasta la fecha han consistido, según un oficio del pasado 21 de abril elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en la toma de declaración de hasta 1.417 personas.

Sin embargo, y según consta en ese oficio, el magistrado todavía debe recibir 65 declaraciones adicionales de testigos correspondientes a la Jefatura Superior de Policía de Madrid que, por motivos operativos, no pudieron ser facilitadas.

A RAÍZ DEL INFORME DE LOS PERITOS DE LA AN

La decisión de formar esa pieza separada llegó después de que los peritos de la Audiencia Nacional entregasen al instructor el pasado 9 de febrero un informe en el que validaban el trabajo que el departamento de Auditoría Interna del extinto Banco Popular realizó acerca de la ampliación de capital de ese año.

En el mismo, apuntaba el magistrado, se concluía que hubo clientes que "suscribieron acciones por 702 millones de euros y que, entre el 25 de mayo y 30 de junio de 2016, incrementaron su financiación dispuesta".

"Tras el trabajo realizado, llegamos a totalizar que 14.229 clientes recibieron financiación en el periodo por 2.366 millones de euros y suscribieron acciones por 702 millones. No obstante, esta cifra de 702 millones no se puede tomar como el importe que Banco Popular hubiera debido deducir de su declaración de recursos propios computables y que no realizó hasta el análisis que dio lugar al hecho relevante de 3 de abril 2017", señalaba el informe.

A este respecto, los peritos explicaban que esos 702 millones son "la simple agregación del importe de acciones suscritas por clientes que incrementaron su financiación, sin tener en cuenta si esta era de importe igual o superior a la compra, con independencia de la fecha de formalización y sin haber analizado si la misma se destinó a otras finalidades".