Pone el foco en la financiación indirecta a determinadas empresas en crisis en la que medio el fondo oportunista Thesan Capital
MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso 'Popular', José Luis Calama, cita en calidad de investigado al que fuera director de los Servicios Jurídicos del Banco Popular y ex vocal del Comité de Compras y Ventas de activos de dicha entidad, Tomás Pereira Peña. En esta causa se investigan las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta del banco a mediados de 2017.
En un auto con fecha de 28 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez recuerda que en 2018 recibió del Juzgado de Instrucción Central número 2 un informe de la Agencia Tributaria y hasta 110 documentos. En ese informe los técnicos dejaban constancia de diversas operaciones de financiación indirecta arbitradas por el Popular y que contaron con la intermediación de 'Thesan Capital SL', una sociedad de capital riesgo especializada en la compra de empresas en crisis.
Esa financiación iba destinada a sociedades españolas con una frágil situación económica y que eran clientes del Banco Popular --ahí entra en la ecuación Pereira--, y se canalizaba a través de sociedades que operaban en Luxemburgo, con la mediación de 'Thesan'.
El magistrado, atendiendo el informe del Ministerio Fiscal, ordena que los peritos de la causa analicen ahora toda esa documentación y la que llegue del Banco Central Europeo (BCE) relacionada con las inspecciones que han realizado sobre la cartera de activos adjudicados y la cartera de crédito reestructurado de la entidad bancaria.
Además, el juez considera necesario reintegrar en la causa los documentos que en su día aportó el Banco Santander (banco que se quedó con el Popular) y que fueron objeto de expurgo. Esto, dice Calama, permitirá a los peritos-inspectores del Banco de España analizar las operaciones en las que intermedió Thesan.
Al hilo, el juez considera también necesario solicitar al Banco de España el importe y clasificación de determinadas operaciones de financiación concedidas por el Banco Popular, y la calificación de los riesgos de esos clientes en apuros con otros bancos. También pedirá al Banco Santander información relacionada con esos concretos clientes.
Sólo cuando los peritos hayan realizado el estudio y análisis de toda esa documentación se citará a Pereira en sede judicial, por lo que de momento no fija una fecha. También tiene previsto tomar declaración en calidad de testigos-peritos a los funcionarios de la Agencia Tributaria que emitieron el informe en octubre de 2017, y también en calidad de testigo a la empleada del despacho 'Numaria' Blanca Doz Zubeldia, quien halló la documentación que le ha remitido el Juzgado Central número 2.
QUIERE LA DECLARACIÓN DE RIESGOS
En relación a lo que requiere al Banco de España (le da 30 días), en la parte dispositiva del auto el juez señala que quiere la declaración a la Central de Información de Riesgos (CIRBE) de los créditos o avales concedidos a esas empresas entre 2012 y mayo de 2017.
Quiere además los informes del Sistema Integral de Auditorías (SIA) de esas empresas de 2012 a 2016, y toda la documentación sobre la financiación concedida a estos acreditados, incluidos documentos de trabajo.
El juez hace una relación en su auto de esas empresas sobre las que pone la lupa. Son Sistemas Mecánicos Avanzados, Thepo Consulting S.L., Tifany Investments SLU, Corporación Financiera Issos SL, Platja Amplaries SL, Taler Real Estate SL, Forum de Negocios de Granada, Forum de Negocios de Motril, Forum de Negocios del Sur SL, Bluequartz Investment SARL, TC Investments II SARL, Dublon Holding SA, Brasa Investments SA, Trans Investments, ECOL Investments, Pride Investments SARL y Universal Holding SA.
OFICIO AL BANCO SANTANDER
Sobre esas mercantiles, el juez también ordena remitir oficio al Banco Santander para que en 30 días remita un gran número de documentación. Entre lo que pide, está la situación contable de las inversiones del Popular entre 2012 y mayo de 2017 referidas a esas empresas.
También les reclama el expediente completo de las operaciones relacionadas con estos clientes desde diciembre de 2012 a mayo de 2017. Y pide que se incluya al menos la solicitud de concesión y documentación presentada por el cliente incluyendo al menos estudios de viabilidad, el informe de concesión, los documentos de aprobación por los órganos competentes, los contratos, los informes jurídicos sobre estos clientes, los informes de seguimiento, y los estados de todas las posiciones activas y pasivas con estos clientes.
Adicionalmente, y dado que estos clientes "formaban parte de
la estructura diseñada por Thesan Capital", pide al Santander que facilite los informes económicos y jurídicos disponibles sobre esta
estructura, así como los referentes a cada una de las operaciones particulares formalizadas.