El juez del 'Popular' interroga esta semana a cuatro directivos imputados por las irregularidades del banco

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama interroga esta semana a los que fueran directivos del Banco Popular investigados por las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta de la entidad bancaria a mediados de 2017, cuyas declaraciones aún estaban pendientes, algunas de ellas aplazadas por los efectos del temporal 'Filomena'.

La ronda de declaraciones comienza este martes, 2 de febrero, a las 9.00 horas con Carlos Fernández, quien en 2016 era el jefe de admisión de riesgo crediticio dentro de la Dirección General de Riesgos del Banco Popular. Su imputación llegó el pasado 3 de diciembre, cuando compareció ante el juez como testigo.

En esa primera comparecencia, que fue breve, según las fuentes jurídicas presentes en la declaración, consultadas por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decidió interrumpir la declaración para comunicarle que finalmente le interrogaría otro día como investigado porque Fernández, como responsable de Riesgos de la entidad, no veló por que se llevara a cabo algún tipo de medida para controlar que no se financiara a clientes para que adquirieran acciones durante la ampliación de capital de 2016.

Cabe recordar que el juez Calama investiga dos fases de este proceso de resolución: las presuntas irregularidades contables del Popular en 2016, con la ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.

Para este martes, a las 11.00 horas, el magistrado también ha citado al directivo que estuvo destinado en la Dirección de Banca Minorista del Popular, Antonio Pujol. A las 12.30 horas prevé tomar declaración a José Ángel Amor, directivo que pertenecía a la Dirección Comercial de la entidad.

FINANCIACIÓN A CLIENTES

Precisamente a finales de noviembre el magistrado explicaba en un nuevo auto que uno de los hechos investigados en la causa es la presunta financiación facilitada por el Banco Popular a sus clientes para invertir en la ampliación de capital del año 2016, "ocultando el auténtico destino de la financiación a fin de evitar deducirla del capital regulatorio".

Indicaba que esta conducta "elusiva" pudo estar orquestada por el consejero delegado del banco, Francisco Gómez, por el director de Banca Minorista, Antonio Pujol y por el director de Negocio de Clientes, José Ramón Alonso Lobo.

En cuanto a José Ángel Amor, su nombre salió a relucir en la testifical del vicesecretario del consejo de administración del Banco Popular Heraclio Peña, quien señaló que en la investigación que realizó sobre la financiación a clientes para la adquisición de acciones en la ampliación de capital de 2016 encontró al menos un correo de uno de los directivos en el que "se animaba" a llevar a cabo esa financiación. Y añadió que él y Javier Lleó --el otro vicepresidente-- investigaron los buzones de correo de tres directivos (Antonio Pujol, José Ángel Amor Atienza y José Ramón Alonso Lobo).

Ya el miércoles, a las 9.00 horas, declara como investigado el que fuera director de Departamento de Auditoría del Banco Popular, Jesús Arellano Escobar. Este es uno de los cinco directivos que el juez Calama imputó en su auto de noviembre, cuando además avisó que sobre él extendería la investigación a otros ámbitos como su conocimiento de la presunta sobrevaloración de las tasaciones de los activos inmobiliarios y su impacto en la provisión de la cartera de créditos del Banco.

SE VENDIÓ UNA IMAGEN DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y PATRIMONIAL

Según la instrucción de la causa, en ese periodo 2016-2017, el que fuera presidente de la entidad financiera Ángel Ron, investigado en esta caso, defendió la situación "inmejorable" del banco y vendió una imagen de solvencia económica y patrimonial. Sin embargo, los beneficios se convirtieron en pérdidas y los dividendos nunca llegaron.

El Banco Santander --cuya presidenta Ana Patricia Botín declaró como testigo-- fue la entidad que compró el Popular por un euro después de la resolución del banco. Para entonces, ya estaba al frente del banco extinto Emilio Saracho -también investigado--, y tras esa resolución comenzaron a presentarse denuncias por presuntas irregularidades contables que han acabado en la Audiencia Nacional.

En esta causa también han declarado como testigos el exministro de Economía Luis de Guindos; el que fuera presidente de Banco Santander España Rodrigo Echenique; la expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Elvira Rodríguez; el exgobernador del Banco de España Luis María Linde; así como directivos del Popular en la época en la que se produjo la resolución.