Archivo - Entrada a la Audiencia Nacional, en Madrid.
Archivo - Entrada a la Audiencia Nacional, en Madrid. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo
Publicado: lunes, 4 julio 2022 14:58

Se investiga a la antigua cúpula de ETA por un atentado en el que murieron tres personas más y otras 30 resultaron heridas

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha concedido tres días a las partes para que se pronuncien sobre si creen o no "conveniente" una prórroga, de seis meses o menos, en la investigación por el asesinato del juez Francisco Querol el 30 de octubre de 2000 en Madrid a causa de la explosión de un coche bomba, en un atentado por el que se investiga a la antigua cúpula de ETA.

Mediante una providencia del 30 de junio, recogida por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 da 72 horas a las partes personadas en la causa para que muestren su parecer acerca de si quieren que se extiendan unos meses más las pesquisas sobre el asesinato del magistrado del Tribunal Supremo.

En diciembre, Pedraz dio curso a una querella de Dignidad y Justicia que busca esclarecer el atentado, en el que además de Querol, que era el objetivo, perdieron la vida su conductor, Armando Medina; el policía nacional Jesús Escudero, y un conductor de la EMT llamado Jesús Sánchez. Otras 30 personas resultaron heridas.

El juez acordó en un auto tomar declaración a casi una docena de exdirigentes etarras, entre ellos María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'; Javier García, 'Txapote', e Ignacio Miguel Gracia, 'Iñaki de Rentería', por el asesinato de Querol, que contaba con 69 años.

En la misma resolución, a la que tuvo acceso esta agencia de noticias, Pedraz ordenaba que "se practique la declaración de todos los querellados", esto es, de los integrantes de la ZUBA o Comité Ejecutivo de la banda terrorista en aquella época.

Dignidad y Justicia apunta en su querella al que por entonces era el jefe del Comando Madrid, Gorka Palacios, así como a 'Iñaki de Rentería', a 'Txapote', a 'Anboto' y a Juan Carlos Iglesias, 'Gadafi'; Juan Antonio Olarra, 'Jokin'; Ainhoa Mugica, 'Olga'; Asier Oyarzabal, 'Baltza'; Mikel Albisu, 'Mikel Antza'; Vicente Goicoechea, 'Willy', y, por último, Ramón Sagarzazu, 'Ramontxo'.

Además, accediendo a las peticiones de Dignidad y Justicia y con el respaldo de la Fiscalía, el juez instructor reclamó tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil que informaran, en base a los datos que posean, de "la composición nombre a nombre de toda la estructura de mando de ETA, intermedia y superior de la propia ZUBA o Comité Ejecutivo al momento de los hechos (...), especificando los distintos aparatos en los que cada uno de los querellados se integraba" en ese momento.

FOCO SOBRE EL COMANDO MADRID

Pedraz expresó su "especial interés en los aparatos militar, político y logístico o aparato por medio del cual e independientemente de su denominación se hubiese dado cobertura y soporte efectivo al Comando Madrid posibilitando la presencia clandestina efectiva y su operatividad criminal".

En concreto, el juez de la Audiencia Nacional pretende averiguar quiénes estuvieron implicados en "la consecución y exitosa introducción clandestina hasta Madrid de la gran cantidad de explosivos del coche-bomba que sería detonado el 30 de octubre".

"Ello con adicional ampliación de las concretas funciones del querellado (Gorka) Palacios Alday, como responsable, y de cualquier otro tipo como mando del Comando Madrid sobre el terreno", especificó, pidiendo igualmente el listado de "altas y bajas" de este comando entre 1999 y 2000.

También se interesaba en el auto por conocer el "'modus operandi' de los mecanismos internos de dirección de ETA y de toma de decisión en su ZUBA, y en relación a los criterios de suministro de armas y materiales", para determinar cómo se transmitían las órdenes e instrucciones de la cúpula a los comandos y el "funcionamiento logístico" sobre los explosivos.

Asimismo, solicitaba a la Comisaría General de Información que se examinen los sellos relativos a ETA entregados por Francia "a fin de determinar si existe rastro documental de la reunión orgánica celebrada entre los dirigentes de ETA y los miembros del comando que fue previa al asesinato del magistrado José Francisco de Querol".

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