El juez prohíbe salir de España al hijo de Villarejo y fija fianza de 15.000 euros para un policía que trabajaba con él

Les investiga por delitos de cohecho en relación al encargo para frenar una extradición a Guatemala a cambio de 10 millones de euros

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado Central 6 de Instrucción de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha impuesto sobre José Manuel Villarejo Gil, hijo del comisario homónimo, la prohibición de abandonar España, la entrega de su pasaporte y la obligación de comparecer quincenalmente en sede judicial, así como ha fijado fianza de 15.000 euros al policía en segunda actividad Antonio Bonilla, que también trabajaba para el 'clan'.

El magistrado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ha adoptado estas medidas cautelares tras escuchar la declaración de ambos sobre la pieza Pit del caso Tándem, que investiga el encargo del naviero Ángel Perez-Maura a Villarejo para que frenase una causa de corrupción que tenía abierta en Guatemala e impidiese su extradición a cambio de 10 millones de euros.

Por el mismo asunto ha declarado también el ex embajador de Guatemala en EEUU, Julio Ligorría, a quien se ha impuesto asimismo obligación de comparecer mensualmente en sede judicial y pedir permiso en caso de que quiera abandonar España.

En los tres casos, los investigados lo son por delitos de cohecho, según informan fuentes jurídicas, por sus distintos grados de participación en aquel proyecto por el que la mercantil Cenyt de Villarejo y Rafael Redondo se embolsó más de siete millones de euros, con una cuantía fija de 120.000 euros al mes que se mantuvo hasta el mismo mes de su detención, en noviembre de 2017.

Durante su declaración, el hijo de Villarejo se ha desmarcado de aquel trabajo y ha explicado que su labor en Cenyt era el de un gestor, ocupándose de asuntos como las vacaciones de los empleados, el material o la intendencia. En el sumario, al que tuvo acceso Europa Press, aparece en al menos dos reuniones proporcionando apoyo en temas como telefonía móvil.

En cuanto al inspector en segunda actividad Antonio Bonilla, que ha contestado tanto a los fiscales como al juez, las acusaciones y su propia defensa, tenía un contrato de servicios con la mercantil Cenyt de Villarejo y Rafael Redondo desde 2013 y desempeñaba tareas de análisis de información y de hecho, su nombre es uno de los que más aparece en el sumario de actuaciones: Ya está siendo investigado en otras piezas por delitos de cohecho y revelación de secretos.

LIGORRÍA: "ES UNA FÁBULA"

En el caso de la pieza 'Pit', consta su participación al menos, en uno de los viajes que el grupo realizó a Guatemala, donde según vendieron a los Pérez-Maura, estaban realizando gestiones para frustrar el avance de la causa.

Tuvo lugar el 14 de mayo de 2016, aunque según ha explicado al juez, acudió a aquella expedición por encargo de Redondo, sin cobrar ninguna remuneración específica por ello y para actuar como fedatario en la toma de declaración de uno de los trabajadores de los Pérez-Maura -Juan José Suárez Meseguer-- que había sido detenido, dada su condición de funcionario público, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Por último, Ligorria se ha desmarcado del proyecto que según ha dicho, está construido a partir de una "fábula" de Villarejo y su socio Adrián de la Joya, también investigado en esta causa. Él contrató con otro de los implicados, Enrique Maestre, labores de asesoría y según ha dicho a los medios al término de su comparecencia, era para buscar inversiones.

En su declaración, ha asegurado que nunca recibió encargo de frenar la causa en Guatemala ni estuvo sobre la mesa que fueran a hacerle presidente del país en colaboración con EEUU, como consta en las actuaciones que planearon Villarejo y De La Joya, tal y como ha explicado a la salida. El juez le imputa igualmente un delito de cohecho y le ha impuesto la obligación de comparecer mensualmente en sede judicial así como pedir permiso si quiere salir de España.

En los próximos días la Fiscalía Anticorrupción y el juez seguirán interrogando implicados en esta causa. Este martes están citados a declarar el empresario Armando Mateo, que trabajaba para los Pérez-Maura; y Rafael Redondo, socio de Villarejo en todo el negocio. El miércoles, por su parte, declarará el propio comisario jubilado y lo hará desde la prisión de Estremera por motivos de salud.