MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón propone juzgar al comisario jubilado José Manuel Villarejo por el encargo que le habría realizado un abogado para que investigara al empresario del deporte Joaquín Molpeceres en relación a un concurso de acreedores. Por este asunto, investigado en la pieza 29 de 'Tándem' se habría embolsado más de 400.000 euros.
El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 acoge así la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que interesaba el pase a procedimiento abreviado de la instrucción, y propone mandar a juicio tanto al comisario como a su socio Rafael Redondo y al abogado Antonio Chávarri.
García Castellón, tras exponer los hechos investigados, señala que pueden ser constitutivos de los delitos de cohecho activo y pasivo, y falsedad en documento mercantil. Interesa ir contra Villarejo, Redondo y Chávarri, pero no contra el abogado Juan Vila-Coro.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez recuerda que fue Chávarri, a sugerencia del abogado Juan Vila-Coro, quien contrató el 4 de octubre de 2012 al despacho Stuart & Mckenzie, que estaba dirigido por Villarejo siendo entonces comisario del Cuerpo Nacional de Policía en servicio activo.
Según el relato judicial, quería que investigase las relaciones que existían entre Joaquín Molpeceres y Luis Pérez Gil, y descubrir si tales vínculos habían tenido alguna influencia en el procedimiento concursal en que se veía afectada la entidad Acisclo Gestión de Patrimonios SL, de la que era titular Chávarri.
Luis Gil era el administrador concursal en dicho procedimiento mercantil y Molpeceres el principal acreedor de la mercantil concursada y, a su vez, había sido suegro de Antonio Chávarri.
En el contrato con Villarejo, recuerda el juez, las partes fijaron el pago de una cuantía inicial en concepto de provisión de fondos por un importe de 90.0000 euros, y una minuta adicional por importe de 250.000 euros condicionada a los futuros resultados obtenidos.
En el seno del Grupo CENYT --empresa de Villarejo-- el encargo se materializa en el denominado 'Poyecto Grass' y, el juez explica que en su ejecución tuvo una participación directa Rafael Redondo.
LAS FACTURAS Y LOS ABONOS
Si bien las cantidades iniciales eran otras, el magistrado apunta que Villarejo percibió a través de CENYT "una cantidad de dinero superior a 400.000 euros". "Para justificar dicho cobro de diversas facturas giradas por Stuart & Mckenzie a las sociedades Chavarri y Muñoz Abogados SL y Vara Gestión de Activos, se manipularon las facturas que se emitieron, justificativas de los pagos, con la finalidad de ocultar que los servicios se habían prestado por un funcionario público que se encontraba en activo", explica el auto.
Así, las facturas se emitieron desde Stuart & Mckenzie a dos de las sociedades vinculadas a Chávarri en fechas posteriores y relativamente próximas a la contratación de los servicios. Y en orden a la facturación, se dieron varias conversaciones en las que se diseñó la operativa de fraccionamiento de facturas, "con la finalidad de no levantar sospechas en cuanto al circuito de los pagos, para lo que se puso de manifiesto por los intervinientes la necesidad de que el capital circulase por distintas sociedades, mediante pagos en el extranjero".
La resolución recoge hasta un listado de diez facturas de diferentes importes, pero el juez señala que en ellas aparecen descripciones que no se corresponden con el encargo realizado a CENYT: "Ninguno de dichos conceptos es coincidente con el objeto social de las mercantiles que giraron las facturas y abonaron los servicios, ni obedecen a unos servicios legítimos que fueran prestados y desembolsados".
Sobre los pagos, el magistrado indica que consta un abono total de 411.400 euros entre 2012 y 2014 en favor de las mercantiles de Villarejo a través de diez transferencias.
ARCHIVO PARA VILA-CORO
En contra del criterio de la Fiscalía, para Vila-Coro acuerda el archivo provisional de la causa porque si bien en un inicio fue investigado, "no existen elementos indiciarios suficientes que permitan atribuirle la comisión de los delitos".
"No consta que haya tomado parte en las negociaciones con CENYT, ni que diese órdenes de que se llevasen a cabo tales investigaciones", añade, para sumar que "la mera sugerencia de contratación resulta insuficiente para colmar una autoría en los distintos delitos cometidos con posterioridad".
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