El juez prorroga seis meses la investigación a la cúpula de ETA por el asesinato de Gregorio Ordóñez

Acuerda recabar información sobre el estado de las órdenes de entrega contra 'Kantauri', 'Pototo' e 'Isuntza'

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha acordado seguir investigando seis meses más la presunta participación de la cúpula de la organización terrorista ETA en el asesinato el 23 de enero de 1995 en San Sebastián del concejal del Partido Popular Gregorio Ordóñez.

En un auto del pasado sábado, al que ha tenido acceso Europa Press, el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 explica que todavía tiene pendiente "recabar información de las autoridades francesas sobre el estado de tramitación de las órdenes europeas de entrega emitidas contra" Javier Arizcuren, alias 'Kantauri', Julián Achurra Egurola, 'Pototo' y Juan Luis Aguirre Lete, 'Isuntza'.

Se trata, apunta el magistrado, de un requisito de procedibilidad "para poder oírlos en declaración como investigados" en esta causa, en la que el magistrado ya ha tomado declaración a otros exjefes etarras: Mikel Albisu, 'Mikel Antza', e Ignacio Miguel Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería'.

Asimismo, el instructor recuerda que todavía está a la espera de recibir el informe de inteligencia de la Guardia Civil que requirió en febrero de este mismo año. En concreto, pidió a los agentes que localizasen y analizasen la documentación en poder de miembros de ETA relacionada con las actas de reunión de la zuba en fechas inmediatamente anteriores, simultáneas y posteriores al asesinato de Ordóñez.

LOS AVANCES DE LA GUARDIA CIVIL

Una diligencia, explicó en su momento, que buscaba corroborar la asistencia a estos cónclaves de los dirigentes de ETA mencionados, y de los temas y asuntos tratados en los mismos, con especial interés en las referencias a acciones contra políticos del PP.

Pero, además, también reclamó al Instituto Armado que aportase la información que hubiese obtenido en dispositivos informáticos obrantes en 138 sellos (precintos judiciales franceses) que fueron intervenidos con ocasión de la detención de 'Mikel Antza' en octubre de 2004 con el objetivo de revisar si entre los datos hubiera informaciones o indicios relacionados con este crimen.

El instructor ha accedido a continuar con las pesquisas hasta enero de 2023, como él mismo recuerda, a raíz de la petición tanto de la viuda y el hijo del concejal del PP como de la Asociación Dignidad y Justicia. Ambas acusaciones instaron al magistrado a dirigirse a las autoridades francesas a fin de que interrogase a los tres exjefes de ETA que no han comparecido en esta causa.

A este respecto, el magistrado apunta que también solicitaron la prórroga de la causa por seis meses más la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), el Ayuntamiento de San Sebastián, la Asociación Equipo de Víctimas del Terrorismo de la Guardia Civil, el Partido Popular y la Fiscalía.

"Como bien alegan las acusaciones que ejercen la señora Iríbar y su hijo y Dignidad y Justicia, se tratan de diligencias válidas, ya autorizadas, a las que el Tribunal Supremo ha conferido el término de 'diligencias rezagadas'; y que por lo tanto, ya son válidas per se", asegura el juez Abascal.

EN BUSCA DE LOS AUTORES INTELECTUALES

La Audiencia Nacional ya condenó a Juan Ramón Carasatorre, apodado 'Jon' y 'Zapata', Javier García Gaztelu, 'Txapote', y Valentín Lasarte como autores materiales del atentado cometido contra el concejal vasco, a quien dispararon cuando se encontraba almorzando en un bar de la capital donostiarra con la entonces secretaria del Grupo Popular, María San Gil, y otros dos colaboradores.

La investigación de este atentado se retomó en 2015, cuando los hechos estaban cerca de prescribir, a instancias de una querella presentada por Consuelo Ordóñez, hermana del concejal asesinado y actual presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), para que se identificara y juzgara a los 'cerebros' de este crimen.

Los informes de inteligencia elaborados entonces por la Guardia Civil permitieron al anterior titular de dicho juzgado, Santiago Pedraz, atribuir la autoría intelectual a 'Iñaki de Rentería' y Mikel Albisu, 'Mikel Antza', así como a los también miembros de la antigua cúpula etarra Julián Achurra Egurola, 'Pototo'; José Javier Arizcuren Ruiz, 'Kantauri'; y Juan Luis Aguirre Lete, 'Insuntza'.

El igualmente exjefe de ETA 'Mikel Antza' declaró ante Abascal el pasado 21 de diciembre por videoconferencia desde Donosti para negar su participación en los hechos y atribuir las pruebas en su contra a supuestas torturas a presos vascos.

Por su parte, 'Iñaki de Rentería' se negó a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional el pasado 21 de febrero. El otrora jefe de ETA solo hizo uso de la palabra para negar su implicación como autor intelectual en el asesinato del concejal.