El juez prorroga tres meses la investigación sobre la presunta 'caja b' del PP madrileño

Imputa a la subdirectora general de Servicios y Gestión de Aplicaciones de la Comunidad de Madrid

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha prorrogado tres meses las pesquisas de la pieza 9 de 'Púnica', donde se investiga si existió una 'caja b' en el PP de Madrid y que tiene a la ex presidenta regional Esperanza Aguirre como principal imputada, al tiempo que ha acordado nuevas diligencias, entre ellas tomar declaración como imputada a Concepción García Diéguez, subdirectora general de Servicios y Gestión de Aplicaciones de la Comunidad de Madrid.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 acuerda prolongar la investigación de esta pieza separada desde el 29 de octubre, cuando estaba previsto que finalizara, al 29 de enero.

Además, ha decidido tomar declaración a García Diéguez como investigada y a otras cuatro personas --Eva Piero López, Beatriz Solano Merino, Lourdes Barreda Cabanillas y Teresa Regalado Antón-- como testigos, dejando pendiente fijar día y hora para todos ellos.

García-Castellón responde asimismo a las partes que habían solicitado que el caso quedara archivado para ellas, indicando que "por el momento" no es posible acceder a sus peticiones y aplazando su respuesta definitiva a las mismas al auto de pase a procedimiento abreviado que dicte en su día.

UN "ÚLTIMO ESFUERZO"

El juez se muestra "consciente" de "la prolongada duración que viene arrastrando esta pieza y de la afectación que ello puede tener en los derechos fundamentales de los encausados", si bien valora "otra necesidad no menos importante, agotar la instrucción en términos que satisfagan el derecho de defensa y el de acusación".

Al conjugar ambas, el magistrado concluye que "es necesario un último y definitivo esfuerzo instructor", teniendo en cuenta tanto "la naturaleza de los hechos investigados" como "posibles circunstancias sobrevenidas y la práctica de futuras nuevas diligencias que fuera conveniente llevar a cabo".

García-Castellón señala como "especialmente flagrante" el hecho de que "se estén practicando todavía diligencias (...) de cuyo resultado se desconoce qué consecuencias podrían derivarse".

Se refiere con ello a las impuestas por la Sala de lo Penal, que consisten en tomar declaración a nueve personas --siete como imputadas y dos como testigos-- a fin de "profundizar en los pormenores de la financiación del PP a través de fondos procedentes del ente publico ICM", la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid. Para ello, el instructor acordó una ronda de comparecencias que comenzó el 7 de octubre y se extenderá hasta el 3 de noviembre.

Además, según recuerda el propio juez, está pendiente la respuesta de la Sala de lo Penal al conflicto planteado por la apertura de la pieza separada número 13 el pasado mes de mayo para investigar las revelaciones hechas desde la cárcel por el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, alias 'El Rata', sobre "una presunta desviación monetaria a través de la sociedad Mercado de Puerta Toledo", dependiente de la empresa pública IMADE.

El magistrado apreció un "salto considerable" en los hechos destapados por Ortega respecto a los analizados en la pieza 9, de ahí que decidiera desgajarlos, pero Anticorrupción cree que forman parte de una misma línea de investigación, por lo que impugnó la apertura de esta nueva pieza 13.

AGUIRRE PEDÍA CERRAR YA LAS PESQUISAS

De esta forma, García-Castellón ha acogido las peticiones del Ministerio Público y de las acusaciones populares de ADADE e IU, que interesaban prorrogar, si bien numerosas partes habían reclamado zanjar ya la fase de instrucción, entre ellos Aguirre.

La ex presidenta madrileña alegaba en un escrito del pasado 25 de octubre que la instrucción estaba agotada, esgrimiendo que las diligencias pendientes no justifican extender unas pesquisas que comenzaron "hace ya más de 7 años".

Aguirre fue imputada en 2019 porque el juez vio "indicios racionales" de que sería "quien ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba" y que "iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la comunidad".

LA AGENDA DE GRANADOS

La 9 es la pieza separada de mayor trascendencia de 'Púnica' por cuanto García-Castellón intenta determinar si existió una 'caja b' en el PP madrileño que sirvió para costear las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.

Las indagaciones arrancaron en 2014 tras el hallazgo de una agenda de su ex secretario general Francisco Granados, considerado el 'cabecilla' de la 'Púnica', en la que pueden leerse unas siglas, que corresponderían a donantes, junto a unas cantidades de dinero.

En el primer golpe de la 'Operación Púnica', ese mismo año, fueron detenidas más de 50 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios, como miembros de una trama de corrupción que habría otorgado contratos públicos por valor de 250 millones de euros al menos desde 2012 en la Comunidad de Madrid.

De un lado, los responsables políticos y administrativos hacían las adjudicaciones 'a dedo' y, de otro, los empresarios beneficiados por ello les pagaban comisiones ilegales que se blanqueaban mediante un entramado societario, de acuerdo con el relato judicial.

El entonces juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigó los hechos como un todo hasta que en 2015 decidió trocear la causa para profundizar en los actos delictivos diferenciados que fue observando.