El juez rechaza la petición de Biosca y mantiene al bróker de la presunta estafa de Algoritmhmics en prisión

El fiscal varía su criterio y pide ahora que mantenga al acusado en prisión ante el riesgo de fuga y destrucción de pruebas

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha rechazado el recurso de reforma presentado por Javier Biosca, el principal investigado por la presunta estafa con criptomonedas cometida a través del grupo empresarial Algoritmhmics, a quien mantiene en prisión ante el riesgo de fuga.

Así se desprende de un auto de este sábado, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 se remite a los argumentos contenidos en el auto en el que descartó concederle la libertad provisional bajo fianza de un millón de euros como propuso inicialmente el Ministerio Fiscal.

"Para evitar repeticiones innecesarias, sobre todo porque no han variado las circunstancias, son atendibles los argumentos --que se dan por reproducidos y se asumen nuevamente en esta resolución-- del auto de 10 de febrero de 2022, denegatorio de la libertad provisional del investigado tras la comparecencia del día anterior", apunta el juez.

La defensa de Biosca, por su parte, fundamentaba su recurso en que no existía peligro de fuga después de haberse levantado el secreto de las actuaciones y haber sido aseguradas las órdenes internacionales de investigación, solicitando que se sustituyese la medida cautelar de prisión por "otras menos gravosas".

EL CAMBIO DE CRITERIO DE FISCALÍA

Fuentes jurídicas han destacado que lo relevante es el cambio de criterio del fiscal Pedro Rubira que, en un escrito fechado el pasado lunes, modifica su posición inicial y se opone ahora a su puesta en libertad aludiendo a la "gravedad de la pena", destacando además que Biosca "tiene gran capacidad económica y relaciones con países comunitarios y no comunitarios".

Las acusaciones ejercidas por perjudicados que están representados por los despachos de abogados de Emilia Zaballos y Juan Carlos Gómez León ya mostraron su perplejidad después de la propuesta inicial del fiscal y que fue descartada por el juez, que avisó del peligro de la destrucción de fuentes de prueba.

En su escrito, el representante del Ministerio Público alude ahora precisamente a la "existencia de indicios racionales de criminalidad, peligro de fuga, oscurecimiento de la prueba o peligro de destrucción por el investigado de la prueba". El mantenimiento en prisión se basa, apunta, en "evitar que el investigado pueda producir daños en los bienes de la víctima" así como "impedir la comisión de nuevos delitos".

Como recuerda Rubira, de la investigación realizada hasta la fecha se desprende que Biosca, junto con su esposa y su hijo, se presentaban especialistas en el mercado de criptomonedas, asegurando contar con una experiencia de más de 5 años, e indicando que su actividad estaba centrada en la inversión por cuenta ajena de capitales, para la obtención de rendimientos por medio de la compraventa de criptomonedas.

"Los querellados aseguraban disponer de un sofisticado sistema de algoritmos que permitía realizar miles de operaciones por minuto de compra y venta de diferentes criptomonedas (Bitcoin, Bitcoin Goldo, Litecoin, etc.) que reportaban elevadísimos beneficios. De esta forma los querellados lograron captar a múltiples querellantes, a los que prometía un interés semanal de 10% o 20%", recuerda.

LAS CIFRAS DE LA PRESUNTA ESTAFA

Como "líder de la organización" y "una vez que recibía el dinero de los perjudicados en las cuentas corrientes que había designado", Biosca evitaba "pagar los intereses contratados". En su lugar, "sacaba el dinero de estas cuentas o wallets, y los transfería a otras cuentas, sin que los perjudicados recibieran el interés financiero contratado, y tuvieran conocimiento de las transferencias efectuadas".

"El perjuicio originado, hasta el momento, asciende a más de 818.594.308, 98 euros. Cifra que resulta del cálculo realizado por las acusaciones al estimar que, los contratos realizados con los querellados tienen vigencia y, consecuentemente, tienen plena eficacia jurídica, por ende, solicitan los intereses pactados en dichos contratos", recoge el escrito.

La Audiencia Nacional comenzó a investigar este asunto a raíz de las querellas presentadas por particulares y por la Asociación de Afectados por las Inversiones en Bitcoins contra el 'clan' Biosca y Algoritmhmics Group, la empresa creada por el bróker con la que se habría perpetrado la estafa.

En la querella de esta asociación, que calcula que habría unos 300 afectados y más de 100 millones de euros estafados, se detalla que Biosca y su familia crearon un negocio dedicado a las inversiones en criptomonedas en 2019 pero que carecía de todo tipo de autorizaciones, dado que no estaba inscrito, por ejemplo, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Biosca está acusado de estafa continuada, apropiación indebida y falsedad en documento público, delitos que habría perpetrado a través de la empresa Algoritmhmics Group captando desde 2019 a inversores particulares que querían obtener altos intereses en el mercado de las criptomonedas.