Pide margen asegurando que "es de suponer" que la pericial "no se va a demorar por más tiempo"
MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha insistido en que no tomará declaración a la exasesora de Podemos Dina Bousselham hasta no conocer el informe pericial sobre la tarjeta SD de su teléfono. Todo ello, después de que la Sala de lo Penal encomendase al instructor a escuchar a Dina, a su pareja Ricardo Sa Ferreria y al que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino.
En un auto fechado este jueves, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 recuerda que el instructor de la causa, Manuel García Castellón, solicitó conocer el contenido de la tarjeta antes de acordar la citación de Bousselham al considerar que de esa pericial se podrían obtener extremos esenciales para la investigación, condicionando por tanto el modo de acordar la citación.
Así, y pese a que la Sala le instase a ello, el juez pide ahora un poco más de tiempo. "Transcurridos más de ocho meses desde el dictado de esta resolución, es de suponer que la conclusión de la pericial no se va a demorar por más tiempo, máxime cuando los peritos ya disponen de todo lo que se requiere para culminar la intervención", justifica.
Fue el pasado mes de octubre cuando la Sección Tercera de la Sala de lo Penal accedió a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y revocó el auto de pase a procedimiento abreviado del 'caso Dina', la pieza de la macrocausa 'Tándem' en la que se investiga el robo de la tarjeta a Bousselham, ordenando al juez nuevas diligencias.
El Ministerio Público se opuso a la decisión del juez, que resolvió finalizar la fase de investigación de la causa el 7 de octubre de 2020 proponiendo juzgar al comisario jubilado José Manuel Villarejo, y a dos periodistas por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos.
La Sala resolvió entonces las alegaciones de las partes y accedió a la práctica de las diligencias pedidas por la Fiscalía, que consideraba "procedentes a los fines de la instrucción". En esta línea, señalaba que a lo largo de la investigación Bousselham ha prestado declaración varias veces sobre las capturas de pantalla de su teléfono publicadas por un medio digital que, en algunos casos, también habían sido divulgadas por ella.
Así, y para agotar la instrucción, añadía la Sala, se hacía preciso conocer, en la medida de lo posible, el origen de la divulgación por los medios de comunicación desde enero de 2016 de otra información contenida en el teléfono de Bousselham "que no está en estas circunstancias y a lo que" su declaración "podría contribuir".
EL CONTENIDO DEL INFORME PODRÍA "CONDICIONAR EL MODO" DE LA CITACIÓN
Con todo, Gadea considera que el contenido de ese informe podría servir para "obtener extremos esenciales para la investigación" que, a su vez, podrían "condicionar el modo" en que tanto Bousselham como Sa Ferreira "deberán ser citados", afectando de igual forma a la declaración de Pino y "de los dos peritos" de la Sección de Ingeniería e Informática Forense.
En esta línea, el magistrado recuerda que en la exposición razonada que envió al TS el pasado mes de octubre, García Castellón "puso de manifiesto la existencia de indicios de participación en hechos aparentemente delictivos tanto de Dina Bousselham como de Ricardo Sa Ferreria". Concretamente, por denuncia falsa y falso testimonio.
En la misma, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 solicitaba al Alto Tribunal que también investigara al entonces vicepresidente segundo del Gobierno por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.
Así las cosas, el juez explica que "si del resultado del análisis pericial resultaran elementos de cargo que consolidaran los indicios ya apuntados" en la exposición razonada, "la declaración de ambos debería sujetarse, al menos, a las mismas 'garantías' que se exigenpara Eugenio Pino".
Además, Gadea señala que actualmente no se puede "entrar a valorar la conexión de estas infracciones con las que sonobjeto del presente procedimiento" y tampoco "la competencia" del juzgado para conocer los "delitos de falso testimonio". Eso sí, el magistrado cree que podría servir como criterio orientador lo dispuesto por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal".
EL ORIGEN DEL CASO DINA
A través de sucesivas diligencias y resoluciones, el juez ha ido perfilando el relato de lo que habría ocurrido desde que a Bousselham le robaron el teléfono móvil en el IKEA de Alcorcón hasta que Iglesias le devolvió la micro SD dañada.
García-Castellón sostiene que la tarjeta estaba en buen estado cuando el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, se puso en contacto con Iglesias para entregársela --después de que cayera en las manos del medio de comunicación-- con el propósito de que volviera a su legítima propietaria.
El entonces líder 'morado' pudo consultar la tarjeta en un ordenador en la misma sede del Grupo Z y después la tuvo unos meses, sin que conste que en ese lapso temporal la compartiera con nadie más, hasta que finalmente se la devolvió a Bousselham, que ya no pudo acceder al contenido de la misma porque estaba dañada.
El dispositivo ha sido escudriñado por una empresa especializada que contrató la propia Bousselham para recuperar la información, pero esta compañía informática, asentada en Reino Unido, advirtió de que no era posible por los métodos habituales y que debían acudir a otros más sofisticados y caros, que Dina descartó.