El juez sitúa a Fernández Díaz en el "vértice de la cadena" que puso en marcha Kitchen

Considera que los mensajes que se envió con su número dos constituyen indicios "lo suficientemente relevantes" para procesarle

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El auto en el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decide dar por terminada su instrucción de la trama Kitchen --la pieza sobre el espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas -- sitúa al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz "en el vértice de la cadena" que ordenó la puesta en marcha de la operación 'parapolicial' que buscaba sustraer documentación que pudiera perjudicar a los intereses del partido entonces en el Gobierno.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 entiende que los mensajes que fueron protocolizados ante notario por su 'número 2', Francisco Martínez, que incluyen referencias a la operación, "son cuanto menos indicios lo suficientemente relevantes como para acordar la apertura del procedimiento", contra el que fuera responsable de la cartera de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy. En cuanto a Martínez, el juez destaca su "activa y continua intervención en el desarrollo" de la operación.

El relato comienza en una fecha que no se ha podido determinar entre los años 2012 y 2013, cuando Fernández Díaz "con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud", instó a Francisco Martínez a poner en marcha una misión "encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar el poder del referido Luis Francisco Bárcenas Gutiérrez, con el fin de sustraer dicho material de la autoridad judicial en la investigación que se llevaba a cabo en el marco de la pieza (...) denominada "papeles de Bárcenas", en el seno del procedimiento "Gürtel".

MENSAJES

Desde el principio Fernández Díaz ha negado autenticidad a los cuatro mensajes de texto que le implican en este asunto y que fueron guardados por el entonces secretario de Estado de Seguridad, que incluso levantó acta notarial de los mismos en junio de 2019.

La literalidad de los mensajes enviados por Fernández Díaz se plasmó en su día en uno de los autos del juez. En uno de ellos enviado por Martínez a su jefe el 13 de junio de 2013 a las 20.29 horas se puede leer "Chófer B: Sergio Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)".

Minutos antes, a las 20.20 horas el ministro le envió otro mensaje en el que le indicaba "es importante". Estos mensajes corroborarían que el ministro conocía de Sergio Ríos, informante en la operación 'Kitchen'.

Unas semanas más tarde, el 2 de agosto de 2013 a las 00.05 horas,
se da una conversación por mensajería entre los dos en la que Martínez le dice que entiende que hablarán al día siguiente "en cuanto tengas el contacto Cecilio" --en referencia a alguien del CNI con quien el ministro le habría pedido que contactara--. Fernández Díaz le responde: "Yo lo tendré al acabar el Consejo, así hemos kedado. Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info...".

VILLAREJO BUSCABA RETENER LOS PAPELES

García Castellón también apunta que las actuaciones practicadas han permitido constatar que, sin perjuicio de las directrices dadas por el Ministro "y las motivaciones que pudiera tener éste", la finalidad que guiaba a los comisarios también procesados José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, sería realmente la de incautar y mantener dicha documentación en su poder, sin entregárselo a sus superiores".

Buscaban, a juicio del magistrado, "poder obtener algún tipo de beneficio personal; extorsionando o presionando con la misma a cargos públicos o responsables del Ministerio del Interior, o bien simplemente con la finalidad de preservar sus respectivos cargos en la cúpula policial y la impunidad en las actividades ilícitas que, presuntamente, venían desarrollando de forma paralela".

En cuanto al uso de fondos reservados, el juez concluye en su auto que la Secretaría de Estado de Interior de la que Martínez era responsable libraba los fondos reservados antes de comprobar y verificar la documentación que se remitía desde la Dirección Adjunta Operativa, pese a que no se ajustaba a la normativa legal que regulaba la gestión de estos fondos a partir de 1995.