La juez sobresee la causa contra 138 guardias civiles por malversación y falsedad en el cobro de dietas de hotel

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La juez titular de Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, María Teresa Abad Arranz, ha sobreseído provisionalmente la causa contra 138 guardias civiles investigados por malversación y falsedad en el cobro de dietas de hotel, lo que podría haber acarreado que los agentes fueran apartados del Cuerpo en caso de condena firme.

En un auto fechado el 19 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez decide declarar la "extinción de la responsabilidad criminal por la prescripción de las presuntas faltas de estafa" contra 138 guardias civiles, entre ellos una veintena de oficiales. La Fiscalía solicitó que los agentes fueran procesados, asumiendo una investigación que partió de un escrito de Asuntos Internos. La resolución judicial no es firme porque puede ser recurrida.

Los guardias civiles provenían de diferentes provincias y, según el escrito de acusación, fingían que se quedaban a dormir en un hostal de la capital cuando, en realidad, pernoctaban en una residencia militar, pasando durante tres años facturas supuestamente falsas que fueron objeto de la investigación interna hasta ahora judicializada.

La denuncia también se dirigió contra el dueño del hostal Las Vegas por participar en el falseamiento de las facturas de estos clientes, ya que imputaba importes superiores a la tarifa oficial. El Ministerio Público detallaba que, con esta práctica, los agentes llegaron a defraudar hasta casi 1.500 euros en conceptos de falsas dietas por pernoctación.

La Unión de Oficiales (UO) ha señalado que, tras dos años de investigación, no ha quedado debidamente acreditada la supuesta estafa. "No se llevó a cabo ninguna gestión para acreditarlo, obligando a los propios agentes a demostrar que efectivamente pernoctaron en el hostal, algo que invierte claramente la carga de prueba", denuncia esta asociación.

A juicio de la UO, el procedimiento ahora sobreseído se ha visto protagonizado por la "absoluta negligencia tanto del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil como del Ministerio Fiscal a la hora de desarrollar su labor como investigadores, y que se ha traducido en un auténtico calvario para los guardias civiles investigados que, en la mayoría de los casos, nació muerta por estar prescritos los hechos".