El juez suspende la declaración de Conde dentro del caso Maquillaje

PALMA DE MALLORCA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Instrucción número 2, José Ignacio Lope Sola, suspendió este viernes la comparecencia en calidad de imputado de Alfredo Conde, ex director de Ona Mallorca y presunto testaferro del ex diputado de UM, Bartomeu Vicens, después de que su defensa presentase este viernes un escrito para solicitar que el magistrado dejara sin efecto el señalamiento, que estaba previsto para esta mañana.

Así, Conde, propietario de Studio Media, que junto a Vídeo U está siendo investigada dentro del caso Maquillaje por un presunto desvío de fondos públicos desde el Consell a estas productoras durante la pasada legislatura, acudió esta mañana a los Juzgados de Vía Alemania acompañado por uno de sus letrados, Jaime Campaner, para presentar el escrito, pese a que el pasado domingo la defensa había solicitado su declaración voluntaria.

Tal y como reza el escrito, la petición de suspender la comparecencia se produce, sin embargo, sin perjuicio de que más adelante el imputado pueda ofrecerse de nuevo a comparecer de forma voluntaria. Fuentes jurídicas señalaron además a Europa Press que Conde aún no había alcanzado un acuerdo con la Fiscalía de cara a una posible confesión en torno a la presunta trama de corrupción, ya que no estaría dispuesto a incriminar a Vicens en este caso "para salvar su cabeza", según otras fuentes.

Precisamente, Conde acordó el jueves con IB3 la rescisión de su relación laboral como directivo de la cadena autonómica, a fin de centrarse en su defensa dentro de esta pieza separada del caso Son Oms.

Cabe recordar que el juez decretó contra el encausado prisión bajo fianza de 200.000 euros por un posible riesgo de fuga ante la gravedad de los hechos que se le imputan así como por la cantidad que habría sido malversada desde el Consell a través de Studio Media, productora de su propiedad que recibió más de tres millones de euros públicos para la puesta en marcha de Ona Mallorca.

Se trata de una de las principales empresas investigadas ya que, junto con Vídeo U, habría recibido subvenciones millonarias en el pasado mandato desde la Institución insular. El magistrado también le impuso una fianza de responsabilidad civil de 800.000 euros, mientras que sobre él pesan además la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante el Juzgado.