El juez de 'Titella' deniega a Moreno el acceso a 6.800 euros para devolver un préstamo: "Carece de justificación"

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción de 'Titella' ha denegado al productor televisivo José Luis Moreno el acceso a un importe de 6.800 euros destinado a la devolución de un préstamo a su sobrina y al pago a una clínica dental al carecer "de todo tipo de justificación".

En un auto del pasado viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 sostiene que los 5.800 euros que Moreno requiere para devolver un préstamo a Natalia Fernández Rodríguez es una cantidad que "ya fue transferida a ésta en su momento".

En concreto, recuerda el juez Ismael Moreno, al ventrílocuo ya le fueron autorizadas dos solicitudes el pasado mes de diciembre. En las mismas, interesaba la "autorización puntual de pago" de 7.000 euros para María Luisa Rodríguez Moreno y de más de 27.000 euros para su sobrina.

"Dichas solicitudes fueron autorizadas por este juzgado ordenándose las transferencias de las respectivas cantidades desde la cuenta bancaria del señor Moreno. Consecuentemente se autorizaron los pagos por la totalidad de los respectivos importes", apunta el magistrado.

El acceso a 27.840,59 euros iba destinada, según la documentación enviada por Moreno al juez, a cubrir una serie de gastos: el pago de la luz y el gas en su domicilio de Boadilla del Monte, gasolina, unos billetes a Roma o el pago de correos a YOUMORE TV, la empresa perteneciente a su examigo íntimo, Martin Czehmester.

Con su último requerimiento al juez, Moreno pretendía "atender el contrato de préstamo suscrito" en noviembre de 2021 con su sobrina --a quien debía transferir 5.800 euros-- y el pago de una factura pendiente a la Clínica Arias por valor de 1.000 euros.

Motivando su denegación, el magistrado asegura que "difícilmente, los 5.800 euros, pueden responder a una devolución del préstamo a favor de Natalia Fernández Rodríguez, toda vez que el importe total ya fue transferido a ésta en su momento". "Y el importe de 1.000 euros a favor de la Clínica Arias carece de todo tipo de justificación", concluye.

MORENO, LA TARJETA DE VISITA

Moreno es uno de los principales imputados en la 'Operación Titella', cuya investigación comenzó en 2018 y eclosionó el pasado mes de junio con su detención y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario.

Acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública, el ventrílocuo está en libertad condicional, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país. El pasado 8 de julio depositó un aval hipotecario para cubrir la fianza de 3 millones de euros que le exigió el juez.

Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al "fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados", "a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés" y al "blanqueo de capitales"; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.

Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los "máximos responsables" y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, "como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita" a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, "era el principal receptor de los fondos obtenidos".

Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", por lo que se ocuparían de crear las sociedades, "maquillarlas", poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.

Mediante esta red de "empresas pantalla" administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían "grandes cantidades de dinero en efectivo" a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.