El juez de 'Titella' prorroga la investigación que gira alrededor de José Luis Moreno otros seis meses más

El magistrado está pendiente de recibir un informe sobre todos los dispositivos incautados que no estará disponible antes de un año

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción de 'Titella', la causa que tiene al productor televisivo José Luis Moreno como principal imputado, ha acordado prorrogar la investigación durante al menos otros seis meses.

En un auto del pasado 3 de mayo, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, justifica la decisión de alargar las pesquisas hasta el próximo mes de noviembre alegando que todavía hay pendientes una serie de diligencias "esenciales" para arrojar luz sobre los hechos en los que indaga.

En concreto, recuerda el instructor, todavía está pendiente de recibir el informe técnico policial sobre la totalidad de los efectos y dispositivos intervenidos en los registros así como la emisión de informes sobre eventuales delitos contra la Hacienda Pública encomendados a la unidad policial de investigación conjunta y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

En el caso del primer documento, la Guardia Civil y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) avisaron a finales de abril de que el análisis pormenorizado de los hasta 207 dispositivos incautados en el procedimiento no estaría disponible hasta al menos dentro de un año.

Además, apunta el juez, los citados archivos podrían dar lugar a su vez a informes complementarios. "Por lo que en atención a las circunstancias concurrentes procede prorrogar el plazo acordado de instrucción", justifica.

EL ORIGEN DE TITELLA

Las indagaciones en torno a Titella comenzaron en 2018 y la operación eclosionó el pasado mes de junio con la detención del ventrílocuo y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario.

Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al "fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados", "a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés" y al "blanqueo de capitales"; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.

Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los "máximos responsables" y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, "como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita" a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, "era el principal receptor de los fondos obtenidos".

Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", por lo que se ocuparían de crear las sociedades, "maquillarlas", poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.

Mediante esta red de "empresas pantalla" administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían "grandes cantidades de dinero en efectivo" a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introducir este dinero en el circuito legal.