El juez de 'Titella' prorroga la investigación de la presunta estafa bancaria a la espera de informes

El magistrado interrogará la próxima semana a varios investigados, incluido el supuesto 'número dos' de la trama

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que investiga la presunta macroestafa liderada por el productor de televisión José Luis Moreno ha acordado prorrogar la investigación relativa al supuesto fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados mientras se encuentra pendiente de recibir diversos informes.

En un auto de este lunes, recogido por Europa Pess, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, recuerda que aún deben remitirle "documentación bancaria, informes periciales por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria" y el análisis de la totalidad de documentación intervenida en esta pieza.

A estas diligencias, anuda, "hay que sumar la emisión de nuevos mandamientos a entidades bancarias, requerimiento de nueva documentación a la Corporación Radio Televisión Española, nueva prueba pericial caligráfica y declaraciones de nuevos investigados que, a su vez, integrarán la causa y que se estiman esenciales para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos investigados".

En esta línea, el instructor apunta que también está pendiente de tomar declaración a diferentes investigados, entre los que destaca el presunto 'número dos' de la trama, Antonio Aguilera, que está citado el próximo martes.

Ese día, a partir de las 10.00 horas, el juez también interrogará a otros cuatro investigados. Un día antes, a partir de la misma hora, escuchará a otros once imputados.

Además, el miércoles el instructor tomará declaración a cinco testigos, entre los que destacan dos policías y un guardia civil encargados de la investigación de 'Titella'. A ellos se suman el director de una sucursal bancaria y un notario.

LA DECISIÓN DE LA SALA

Cabe recordar que el magistrado ya acordó el pasado 25 de abril la prórroga de esta línea de investigación, pero la Sala de lo Penal anuló ese auto al tiempo que ordenó al juez dictar uno nuevo que estuviese "debidamente motivado".

El instructor pidió a la Fiscalía que se pronunciase al respecto, y el Ministerio Público criticó que la Sala sostuviera que durante la última prórroga no se hubiese practicado diligencia alguna. "La anterior conclusión sería falsa, atendiendo a las múltiples diligencias practicadas durante el último año y entre las que destaca, sin ánimo de ser exhaustivo, la toma de declaración de más de 80 personas", espeto el fiscal en su informe.

En este contexto, solicitó la prórroga de esta pieza "a la vista de las diligencias que se encuentran pendientes de ser practicadas y analizadas, entre las que destacan la toma de declaración de imputados y testigos, la aportación de los informes de análisis de las evidencias incautadas o los informes periciales encomendados al auxilio" de la Agencia Tributaria.

Así las cosas, el juez ha acordado nuevamente seguir investigando explicando que "la recepción de la información solicitada a través de los diferentes oficios remitidos implica el análisis de una amplia y complicada documentación debido no sólo a los delitos objeto de la causa, sino también al elevado número de partes personadas".

El magistrado también justifica su decisión aludiendo a "la existencia de nuevos investigados que, en el ejercicio de su derecho a la defensa podrán solicitar la práctica de medidas de prueba, conlleva, necesariamente, la práctica de nuevas diligencias de investigación, fundamento suficiente para justificar la necesidad de una nueva prórroga".

"Sin embargo, la mayor motivación se encuentra en que la falta de la práctica de las diligencias necesarias impediría completar adecuadamente la instrucción de la causa, (...) por lo que en atención las circunstancias concurrentes procede prorrogar el plazo acordado de instrucción", concluye.

EL ORIGEN DE 'TITELLA'

Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al "fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados", "a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés" y al "blanqueo de capitales"; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.

Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los "máximos responsables" y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, "como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita" a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, "era el principal receptor de los fondos obtenidos".

Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", por lo que se ocuparían de crear las sociedades, "maquillarlas", poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.

Mediante esta red de "empresas pantalla" administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían "grandes cantidades de dinero en efectivo" a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.