La jueza constata un "plan común" y el firme propósito del Govern para impulsar el 1-O

Apunta al uso de fondos públicos para "financiar la convocatoria" y fija una fianza solidaria de 5,8 millones

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

La titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha procesado a 30 cargos y excargos del Govern, a la cúpula de la CCMA y a empresarios de companías como Unipost al constatar que supuestamente tenían un "plan común" y que existía el firme propósito del Govern de Carles Puigdemont para impulsar el 1-O pese a ser conscientes de que era una ilegalidad.

En su auto de procesamiento, recogido por Europa Press, la magistrada constata la voluntad de celebrar una consulta refrendaria, ensayada en noviembre de 2014, "con la finalidad de ejercitar el derecho de autodeterminación y la constitución de un nuevo estado, independiente de España, y que tuvo su plasmación en el referéndum del 1 de octubre de 2017 y su corolario en la declaración de independencia realizada por el presidente de la Generalitat el 27 de octubre en el Parlament".

Tras remontarse en su relato al 19 de diciembre de 2012, cuando el expresidente de la Generalitat Artur Mas y el líder de ERC, Oriol Junqueras, firmaron un acuerdo para la transición nacional, la jueza destaca que se trazó en el Govern de Puigdemont una "línea estratégica para poder asumir el compromiso inequívoco de conseguir la independencia y de poder celebrar el referéndum, pese a los mandatos constitucionales y siendo conscientes de la ilegalidad de las actuaciones tendentes a la celebración del referéndum".

En la resolución, la magistrada procesa a 30 investigados por presuntos delitos como el de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación, pero excluye otros delitos como la rebelión y la sedición.

Considera que los que ocupaban cargos en el Govern y algunas empresas, dentro de sus respectivas competencias o ámbitos de actuación, contribuyeron de manera decisiva en la consecución del 1-O, cita todas las actuaciones que dieron lugar "a la disposición, o compromiso, de fondos públicos con la finalidad de financiar la convocatoria", y fija una fianza solidaria de 5,8 millones de euros para asegurar las responsabilidades económicas de los procesados.

Menciona en esta lista de actuaciones presuntamente delictivas el registro de catalanes en el exterior, desarrollado por T-Systems, cuyos datos supuestamente se usaron por el Govern para promover la participación y el voto en el 1-O, usando información "de carácter personal", además de las campañas de promoción de dicho registro.

También hace referencia a que la Generalitat contrató a Unipost para el envío de correo para el 1-O por valor de 980.313,76 euros: en la sucursal de Manresa (Barcelona) se encontraron 1.811 cartas certificadas para los componentes de las mesas electorales; en la sede de Terrassa (Barcelona) se intervinieron 43.429 sobres con el mismo fin.

Añade la jueza la aplicación 'Connecta't al voluntariat' para obtener colaboradores al 1-O, que costó 133.318,74 euros y varias actuaciones del Diplocat y la Conselleria de Acción Exterior de la Generalitat, como la contratación por parte del entonces director de la Delegación del Govern ante la UE, Amadeu Altafaj, del The Hague Centre for Strategic Studies por 167.065 euros.

Sobre el Diplocat, el auto menciona el Govern lo utilizó para "difundir en el extranjero el proceso de autodeterminación, cuyo único fin es la creación de un estado catalán", y que este organismo costeó el viaje y la estancia de una delegación parlamentaria internacional para hacer de observadores el 1-O, por más de 30.000 euros y contrató a un grupo de expertos encabezados por Helena Catt por 162.070,83 euros.

NAVE PARA EL RECUENTO DE VOTOS

Asimismo, la magistrada destaca que se pretendió usar una nave anexa al CTTI como centro de recuento de votos del 1-O pero fue precintada por la Guardia Civil, y en ella se realizaron obras de acondicionamiento por valor de 1,2 millones de euros, y que se adquirió el dominio y se diseñó la web 'pactepelreferendum.cat'.

Otras acciones son las de propaganda y cartelería en apoyo al referéndum y la cesión del director de Idescat, Frederic Udina, el Registro de Población de Catalunya al entonces jefe del gabinete técnico de Economía Daniel Gimeno y que se usaron para elaborar un censo de votantes para el 1-O.

La jueza también tiene en cuenta el valor de uso de los locales cedidos o habilitados como puntos de votación (2.259) que asciende a 900.906,70 euros, según un informe elaborado por la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio MP.

DESDE 2012

En su escrito, la jueza repasa los principales hitos vinculados al proceso soberanista desde 2012, desde el 'Acuerdo para la Transición Nacional' en la que se convino la celebración del 9N en 2014 hasta la declaración de independencia el 27 de octubre en 2017 en el Parlament.

Cita cuando el 12 de febrero de 2013 se creó el Consejo Asesor para la Transición Nacional que elaboró 18 informes y publicó el Libro Blanco de la Transición Nacional de Catalunya, la consulta del 9-N y las elecciones del 27 de septiembre de 2015 que buscaba tener "un carácter plebiscitario" y que obtuvo mayoría de JxSí.

También hace referencia a la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat en 2017 que incluían partidas para el proceso refrendario, cuya aplicación fue suspendida por el Tribunal Constitucional; el anuncio de Puigdemont de la celebración del 1-O y la aprobación de las 'leyes de desconexión' el 6 y 7 de septiembre, así como la celebración del 1-O y la declaración de independencia el 27 de octubre.

El auto judicial cita también a los procesados que, pese a estar notificados y requeridos por el TC, no realizaron ninguna acción para impedir el referéndum e incluso realizaron algunas acciones para su celebración, como a la vicepresidenta y presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, y a los directores de TVC, Vicent Sanchis, y de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, como la emisión de anuncios.

Respecto a los 15 investigados que descarta procesar, entre ellos el juez y exsenador de ERC, Santi Vidal, y Carles Viver i Pi-Sunyer, que entonces presidía el Consell Assessor per la Transició Nacional y el Institut d'Estudis Autonòmics, la jueza afirma que no existen "indicios racionales de criminalidad".