En el TS, que tiene que pronunciarse sobre el suplicatorio de Borrs y la sentencia de la primera época de la Gürtel, se fomenta el teletrabajo
MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los juicios más mediáticos que se estaban celebrando estos días o que iban a comenzar en las próximas semanas quedan suspendidos por la orden del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de cancelar toda la actividad en la Comunidad de Madrid por la pandemia de coronavirus. Esto incluye, entre otras, las vistas orales contra el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; el comisario jubilado José Manuel Villarejo; la contratación de la trama Gürtel para la visita del Papa a Valencia; y la excúpula de Pescanova.
El juicio en la Audiencia Nacional contra Trapero, la intendente Teresa Laplana y los exjefes políticos de la policía autonómica Pere Soler y César Puig estaba ya encarando su recta final y, tras 26 sesiones, sólo faltaba por conocer la acusación definitiva de la Fiscalía, que ha mantenido durante toda la vista el delito de rebelión pero había adelantado que tendría en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo por sedición. De momento, habrá que esperar para saber si finalmente rebaja su acusación y también para la exposición de los informes finales de las partes.
Otra vista oral que estaba muy adelantada en la Audiencia Nacional es el de la excúpula de Pescanova, que comenzó el pasado diciembre en la sede del tribunal en San Fernando de Henares (Madrid), donde esta semana había empezado otro macrojuicio, el sexto del 'caso Gürtel', en este caso contra 23 acusados por la contratación de la trama liderada por Francisco Correa para los actos por la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. Ambos juicios quedan también suspendidos hasta nueva orden.
También en la Audiencia Nacional se estaba celebrando la vista oral contra los líderes de Ausbanc y Manos Limpias por presunta extorsión. En este caso, sólo se habían celebrado seis sesiones, la última este mismo viernes y que se ha tenido que suspender por la presencia de un acusado que ha estado en contacto con una persona contagiada de COVID-19.
En este mismo tribunal, quedan suspendidas también las declaraciones en fase de instrucción. Entre otras, la próxima semana estaba prevista la citación del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, en el marco de la causa que investiga las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución del Banco Popular a mediados de 2017.
PRIMER JUICIO A VILLAREJO
Este mes de marzo, en concreto el día 23, estaba previsto que comenzara un juicio muy esperado, el que va a sentar en el banquillo por primera vez al comisario jubilado José Manuel Villarejo por presuntos delitos de calumnias y denuncia falsa contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán por los que la Fiscalía Provincial de Madrid pide dos años de cárcel.
Más allá de la comparecencia de Villarejo, el interés mediático de este juicio reside en su listado de testigos. Además del exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera, y la ex responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y actual jefa de Gabinete de la ministra de Defensa, Esperanza Casteleiro, está prevista la declaración por videoconferencia de la examiga del Rey Juan Carlos Corinna zu Sayn-Wittgenstein.
La empresaria declarará por petición de la defensa del comisario, pues acusa a Sanz Roldán de estar detrás de una "campaña" en su contra y de amenazarla personalmente en un hotel de Reino Unido en el año 2012, después de que Don Juan Carlos tuviera el accidente en Botsuana.
LA SITUACIÓN EN EL SUPREMO
Por lo que se refiere al Tribunal Supremo, se trata de un órgano de casación y fijación de doctrina, por lo que no se suelen practicarse interrogatorios o celebrarse juicios, salvo en ocasiones muy contadas de personas aforadas. De momento no hay orden de cancelar las deliberaciones por parte de sus distintas Salas, una medida que podría adoptarse el próximo martes, cuando se reúna de forma extraordinaria su Sala de Gobierno.
Fuentes de la Sala de lo Penal han señalado a Europa Press que durante estos días están tratando de fomentar el teletrabajo, por lo que la mayoría de los magistrados están analizando y redactando en sus domicilios diferentes resoluciones que les corresponden por ponencia o de carácter individual.
Es el caso de la petición de suplicatorio al Congreso de los Diputados para poder proceder contra la portavoz de JxCat, Laura Borrs, para poder investigarla formalmente por las presuntas irregularidades en la adjudicación de 18 contratos de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) a un amigo cuando ésta estaba al frente de la misma. Esta decisión, en la que trabaja el magistrado Eduardo de Porres podría retrasarse, si bien la actual paralización de la actividad en las Cortes le resta urgencia, ya que de ordenarse no se le podría dar trámite en estos momentos.
Otros dos asuntos están ahora mismo en plena deliberación. Se trata por un lado de los recursos presentados por los líderes de la Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo; el extesorero 'popular' Luis Bárcenas; y el PP contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en mayo de 2018 que les condenó por la primera época de actividades de la red corrupta, en la que la formación política fue considerada partícipe a título lucrativo.
Otro asunto que se está deliberando es el 'caso Palau', en el que la Sala estudia desde hace meses los 16 recursos que se han presentado contra la sentencia dictada en enero de 2018 por la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el desfalco millonario en el Palau de la Música Catalana.
Fueron condenados, entre otros, el expresidente del Palau, Flix Millet, a 9 años y ocho meses de prisión; su mano derecha en la gestión de este organismos Jordi Montull, a siete años y medio; la exdirectora financiera del Palau Gemma Montull, a 4 años y medio; y el extesorero de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Daniel Oscar, a 4 años y cinco meses. La sentencia también condenó al partido devolver 6,6 millones de euros en comisiones ilegales cobradas a través del Palau.
'DELCYGATE'
En el caso de los juzgados de Instrucción madrileños de Plaza Castilla, la paralización de la actividad afectará a señalamientos previstos, como la declaración del exdiputado de la CUP Antonio Baños, que debía declarar por videoconferencia el próximo miércoles, 18 de marzo, por un delito de desobediencia al negarse a contestar a las preguntas de Vox en el juicio por el 'procés' independentista celebrado en el Tribunal Supremo.
Asimismo, también puede afectar a casos que acaban de comenzar a instruirse y sobre los que casi no se han practicado diligencias, como es el 'Delcygate', que investiga el encuentro entre el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas, u otros en un estado más avanzado, como el 'caso Rato', que se prevé que concluya el próximo mes de junio y se mande a juicio.