SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno andaluz ha calificado de "un mero trámite ordinario en el procedimiento judicial" que, tras una denuncia del PSOE-A, el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla haya citado a la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y a sus antecesores en dicho cargo Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, en el marco de la querella registrada por los diputados del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz por "posibles irregularidades" en la contratación a través del procedimiento de urgencia realizada por el SAS desde el año 2021.
"El PSOE ha denunciado a tres personas y el juez les ha comunicado la denuncia; es decir, lo habitual y razonable en un estado de derecho para que las personas denunciadas puedan defender su inocencia", han indicado fuentes del Ejecutivo andaluz.
Asimismo, han precisado que el SAS y la actual gerente "no han recibido aún ninguna notificación", y que, según las informaciones publicadas en medios de comunicación, la denuncia contra Valle García es del lunes 11 de noviembre y "la admisión a trámite del martes 12, lo que denota que se trata justo de eso, de un mero trámite ordinario en el procedimiento judicial".
Para el Ejecutivo andaluz, se deduce además que "es hoy y no antes cuando se ha admitido a trámite la denuncia del PSOE".
Ha insistido en que todas las contrataciones del SAS "están dentro de la ley". La Junta ha querido dejar claro que ese organismo "siente el máximo respeto por la justicia y colaborará en todo lo necesario con diligencia y transparencia, como ha hecho hasta ahora".
Como se recordará, este pasado lunes, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tachó de "querella política inventada" la denuncia interpuesta por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el procedimiento de emergencia en el marco de la pandemia de Covid-19, y señaló que espera que se resuelva con el archivo de la misma "lo antes posible".
Expresó su "máximo respeto a la justicia" y reivindicó una "posición institucional", desde el convencimiento de que "la institucionalidad nos ayuda a ganar credibilidad hacia los ciudadanos", y "la justicia es la que tiene que investigar".