Junts exige al Gobierno que aclare si ha pactado con Macron que Puigdemont sea detenido si pasa por Francia

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Junts quiere que el Gobierno le aclare el alcance de los puntos relativos a las euroórdenes incluidos en Tratado firmado con Francia en el marco de la cumbre bilateral que ha tenido lugar en Barcelona y que le especifique qué ha pactado con el país vecino que se detenga a los líderes del procés que están huidos de la Justicia española --como el expresidente Carles Puigdemont o la secretaria general de ERC, Marta Rovira-- si transitan por su territorio.

Este es el objetivo de las preguntas que han dirigido por escrito al Gobierno la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, y su homólogo en el Senado, Josep María Cleries.

El artículo 15.5 del citado Tratado compromete a ambas partes a promover y mejorar "la ejecución de los instrumentos de
reconocimiento mutuo, en particular las órdenes europeas de detención y entrega (OEDE), las órdenes europeas de investigación (OEI), los certificados de embargo y decomiso, las transferencias de procedimientos penales" y a apoyar "la creación de equipos conjuntos de investigación (ECI), siempre que sea necesario".

Los parlamentarios de Junts demandan que al Gobierno que les explique "qué circunstancias considerará como "necesarias" para activar lo dispuesto en ese artículo y si ha pactado con Francia que este país "colabore en la detención de los representantes políticos catalanes exiliados en el caso que éstos viajen, transiten o se encuentren en territorio perteneciente al Estado francés".

En este contexto plantean si el objetivo del acuerdo es "perpetuar a nivel internacional la persecución política y judicial de representantes políticos y sociales exiliados", en referencia a quienes se encuentran actualmente huidos de la Justicia española.

Asimismo, preguntan si ese artículo artículo 15.5 es "una suerte de reedición del llamado Convenio de Málaga sobre la readmisión de personas en situación irregular" que ambos países firmaron en 2002. Junts denuncia que aquello fue "un subterfugio para la persecución de
miembros de la organización ETA y que luego se pretendió utilizar en contra de políticos independentistas catalanes".