Junts pide en el Congreso suprimir la suspensión de la Ley de Amnistía por un recurso en la UE

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Junts ha pedido en el Congreso suprimir la suspensión de la aplicación de la Ley de Amnistía en caso de que un tribunal presente una cuestión prejudicial ante la Unión Europea y también reclama eliminar el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite quitar el escaño a cargos electos procesados por rebelión, el mismo que se aplicó con los líderes del procès.

Ambas peticiones se incluyen en sus enmiendas al proyecto de ley derivado del decreto del Gobierno que se convalidó el pasado mes de enero con medidas para la agilización de la Justicia y el fomento del mecenazgo, en entre otras materias.

Ese decreto ley, que está en vigor, incluía un artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil estableciendo que, cuando un tribunal decida plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por considerarlo necesario para emitir su fallo, ese auto implicará "la suspensión de las actuaciones hasta que conste en autos la resolución del Tribunal de la UE que decida la cuestión prejudicial o se acuerde la retirada de la cuestión prejudicial". Y, además, no habrá opción a recurso.

Y es muy previsible que, cuando la Ley de Amnistía esté en vigor y los tribunales deban aplicarla, haya jueces que decidan presentar cuestiones prejudiciales ante la UE para despejar la duda de si la norma se ajusta o no a las normas comunitarias.

EL MOTIVO POR EL QUE JUNTS AMAGÓ CON TUMBAR EL DECRETO

Por ello Junts amenazó con votar en contra de aquel decreto ley, que estuvo en el aire hasta que el PSOE se comprometió a revisarlo y permitió que se tramitara como proyecto de ley para poder introducir cambios.

Es en este proceso de enmiendas en el que Junts quiere corregir el decreto que presentó el ministro Félix Bolaños. Su propuesta, recogida por Europa Press, es suprimir ese artículo 43 bis alegando que "la suspensión sine die o por tiempos muy largos de los procedimientos, puede resultar altamente perjudicial por las partes afectadas por los mismos".

Los independentistas citan una sentencia de la Sala tercera del Tribunal Supremo de 2005 en la que se resolvió que "la suspensión del procedimiento por prejudicialidad prevista en el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no es supletoriamente aplicable a la jurisdicción contencioso-administrativa en aquellos supuestos en los que la cuestión previa a dilucidar consiste en la determinación sobre la legalidad o validez de una disposición de carácter general de rango reglamentario".

TAMBIÉN EL PNV

Y los de Carles Puigdemont no están solos en este empeño pues los nacionalistas del PNV también tienen registrada otra enmienda para suprimir el mismo precepto alegando "no ser necesaria la previsión contenida en el artículo suprimido".

Para que estas enmiendas salgan adelante deberán contar con el respaldo del PSOE y de los demás socios de investidura, habida cuenta de que tanto el PP como Vox votarán en contra. Aún no hay fecha para que la comisión de Justicia empiece a discutir este proyecto de ley.

En otra de sus enmiendas, Junts aprovecha para volver a intentar que el Congreso elimine el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que automáticamente quitó el escaño a varios líderes del 'procés' mientras estaban procesados por el referéndum ilegal y antes de haber sido condenados.

Se trata del artículo 384 bis de la LeCrim, que establece que, "firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".

Como estaban procesados por rebelión, esta previsión se utilizó en 2018 para despojar de sus actas de diputados en el Parlament Raül Romeva, Oriol Junqueras, Josep Rull y Jordi Turull i Negre y un año después la Mesa del Congreso lo usó para suspender de su condición de diputados a los tres últimos y también a Jordi Sánchez. Y también ha servido para suspender del cargo público a otros políticos independentistas.

En febrero de 2023 Junts ya llevó al Pleno del Congreso una reforma legal para suprimir ese precepto, pero entonces los grupos parlamentarios del PSOE, PP, Vox y Ciudadanos tumbaron su proposición de ley.

Ahora vuelve a intentar derogarlo con otra enmienda al mismo decreto ley, recogida por Europa Press, argumentando que Naciones Unidas y la Comisión de Venecia consideran excesivo quitar el cargo a un representante electo sin haber sido juzgado y piden "cautela" al ejecutar eso efectos suspensivos.

"Los efectos perversos de la interpretación extensiva del artículo 384 bis se han manifestado también en la vulneración del principio fundamental de la presunción de inocencia que conlleva su aplicación --sostienen--. Las medidas impuestas antes de la firmeza de la sentencia al acusado deben, de acuerdo con la presunción de inocencia, limitarse a las que el tribunal considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos y asegurar que se puede enjuiciar a la persona, en referencia a unos hechos concretos".