Junts reclama un informe al CGPJ para saber si el juez Llarena podía dar clases en una universidad catalana

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Junts quiere acceder a informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para saber si el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruyó la causa del 'procés' y tiene activas euroórdenes contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y varios de sus consejeros, tenía autorización para ejercer como docente en una universidad privada catalana.

Con este objetivo el diputado de Junts Josep Pagés ha pedido, a través del Congreso, que se le remita el "expediente relativo a la solicitud y otorgamiento" de la compatibilidad que, a su juicio, el juez tendría que haber solicitado para poder impartir clases.

En concreto, Pags reclama conocer si cumplió ese trámite para ejercer como profesor colaborador del Trabajo de Fin de Grado de Derecho en la UOC (Universitat Oberta de Cataluña).

Tras publicarse que había impartido clases durante ocho años en esa universidad 'on line', el propio Llarena alegó que no era necesario solicitar autorización porque el curso no superaba las 75 horas anuales de actividad docente. En concreto, explicó que su tarea era corregir algunos ejercicios y exámenes finales y que sólo invertía en ella diez de dedicación completa por año natural.

En declaraciones a Europa Press, Pags ha destacado que, según la propia UOC un profesor colaborador dedica unas diez horas por crédito. Llarena impartía Proceso Penal, que consta de seis créditos, por lo que trabajaría 60 horas por semestre, es decir, 120 horas por curso académico.

Desde la propia universidad, resalta el diputado, se explicó que Llarena también ejerció como profesor colaborador del Trabajo de Fin de Grado (TFG) de Derecho, que tiene, asimismo, seis créditos, con lo que en total dedicaría unas 240 horas al año a sus menesteres en ese centro.

Pags registró su petición del expediente en el Congreso el pasado 6 de abril, un día después de la vista que tuvo lugar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, sobre la cuestión prejudical planteada por Llarena para saber si puede mantener las euroórdenes contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto de consejeros de su gobierno fugados de la Justicia.

EL FILTRO DE LA MESA

La solicitud de informe de Pags será objeto de análisis en la Mesa del Congreso, que tendrá que decidir si da o no trámite a una petición que no tiene como destinatario al Gobierno, sino al Poder Judicial.

El diputado de Junts considera que la Mesa de la Cámara debería atender su demanda y que el CGPJ tendría que remitirle la documentación que solicita, en tanto que es órgano responsable de los cometidos "de naturaleza administrativa-gubernativa" y de régimen interior del Poder Judicial necesarios para llevar a cabo la función de gestionar la administración de Justicia.

Además, recuerda que el actual régimen de incompatibilidades obliga a jueces y magistrados a pedir autorización si la actividad docente supera las 75 horas al año, que no solicitarla puede ser constitutivo de falta grave o muy grave e incluso ser sancionada con la separación de la carrera judicial.