Justicia da la razón a las quejas al Defensor del Pueblo por retrasos en expedientes de nacionalidad: "Vamos muy lentos"

El Ministerio destina cerca de dos millones de euros a un "plan de choque" para remediarlo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, Sofía Puente, ha dado la razón a las quejas expresadas al Defensor del Pueblo por los retrasos en la tramitación de los expedientes de nacionalidad, admitiendo que van "muy lentos", al tiempo que ha asumido las recomendaciones de la institución como "razonables y justas" y ha indicado que se han destinado cerca de dos millones de euros a un "plan de choque" para corregirlo.

"Tiene razón el Defensor del Pueblo y tienen razón los ciudadanos cuando se quejan de que tardamos mucho en resolver los expedientes de nacionalidad", ha dicho Puente, en un encuentro informativo sobre la ley del Registro Civil que entró en vigor el pasado 30 de abril, después de una década en barbecho, alumbrando un nuevo modelo que se asienta sobre tres pilares: la desjudicalización, la digitalización y la implantación territorial para no dejar atrás a la 'España vaciada'.

Puente ha explicado que esa situación se debe a que "hay 38 funcionarios para tramitar 300.000 expedientes de nacionalidad". "Con lo que vamos muy lentos", ha reconocido, mostrándose consciente de que "detrás de cada expediente de nacionalidad hay un ciudadano con todas las expectativas puestas en que se le conceda la nacionalidad, por razones personales, sentimentales, económicas o por lo que sea".

Para remediarlo, ha contado que se han destinado cerca de dos millones de euros a un "plan de choque" de modo que, con un refuerzo de funcionarios del Ministerio de Justicia, este año se puedan resolver, "mediante concesiones o denegaciones, no siempre se concede la nacionalidad", unos 150.000 expedientes y se pueda iniciar la tramitación de otros 150.000.

UN PROCESO "COMPLEJO"

A pesar de asumir las críticas, Puente ha llamado la atención sobre el hecho de que "tramitar un expediente de nacionalidad es una labor compleja que en la parte final requiere de ciertos conocimientos que no tienen todos los funcionarios" porque trasciende la labor de "tramitación pura y dura" y consiste, por ejemplo, en recabar antecedentes penales y policiales, comprobar requisitos de residencia y que la documentación aportada es correcta y completa.

"Es decir, tiene una tramitación compleja y somos muy pocos", ha recalcado, para a continuación señalar que, "por supuesto", el Ministerio de Justicia atiende las recomendaciones del Defensor del Pueblo, "que son razonables y justas". "Estamos trabajando en tratar de resolver esta situación, que a nosotros también nos agobia y nos preocupa", ha asegurado.

El Defensor del Pueblo señala en su informe anual 2020, difundido este jueves, que subsiste la preocupación por los registros. En concreto, destaca que en 2019 aumentaron las quejas en esta materia y, aunque se ha dado cierta reducción en lo relativo a retrasos de expedientes de nacionalidad, las cifras siguen siendo "muy elevadas".