Justicia dice no tener constancia de que Soria influyera en el indulto del presidente de Las Palmas y donante del PP

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Justicia asegura no tener constancia de que el ministro de Industria y presidente del PP canario, José Manuel Soria, influyera en la concesión del indulto al empresario canario Miguel Ángel Ramírez, presidente del Grupo Rolans, de Seguridad Integral Canaria (SIC) y de la Unión Deportiva Las Palmas, y que fue contribuyente del PP mediante una empresa de la que fue apoderado. .

Hasta tres diputados de Izquierda Unida se interesaron en el Congreso por el caso de Ramírez, condenado en 2010 a tres años y un día de prisión por las obras realizadas sin autorización en el paisaje protegido de Pino Santo, en Gran Canaria, e indultado el pasado octubre por Justicia. Entre otras cosas, recordaban los contratos de las empresas de seguridad de Ramírez con distintas instancias de la Administración, incluyendo órganos de Justicia, y las donaciones que hizo al PP canario.

El portavoz de Izquierda Plural, José Luis Centella, puso en cuestión la medida de gracia dada "la gravedad de los hechos y la percepción social existente en Canarias de que la Justicia no se ejerce igual, en cuestiones de protección del territorio, cuando se trata de cualquier ciudadano que cuando se trata de una persona adinerada".

"¿Cuánto ha pesado a la hora de conceder este indulto el que este empresario sea un gran proveedor de servicios de seguridad a las Administraciones Públicas y que se dedique a financiar jornadas jurídicas protagonizadas por personas encargadas de redactar informes que van a servir para la concesión o no de su propio indulto? --preguntó Cayo Lara--. ¿Cuánto ha pesado que alguna de las empresas de este señor aparecieran en la lista de las mayores contribuyentes legales al PP (50.000 euros), según la contabilidad oficial del partido popular correspondiente al ejercicio 2011?".

CONTRATOS CON LA ADMINISTRACIÓN

En sus respuestas, que recoge Europa Press, el Gobierno no entra en la cuestión de los tratos del empresario canario con el PP, ni en las adjudicaciones que obtiene de la Administración, pues dice desconocer "las empresas en las que el Ramírez tiene participación". Eso sí, recalca que "la contratación por parte de las Administraciones Públicas se ajusta en todos sus extremos a la legalidad vigente que contempla los diferentes requisitos y supuestos para la contratación con las administraciones".

Y cuando Gaspar Llamazares, portavoz de Justicia de IU-ICV-CHA, le preguntaba por el papel del ministro de Industria, José Manuel Soria, en su calidad de líder del PP canario y próximo a Ramírez, el Gobierno replica que no le consta: "En respuesta a posibles influencias por parte del ministro de Industria en el expediente de indulto del mencionado reo, se indica que el Ministerio de Justicia no tiene constancia de las influencias mencionadas".

Justicia hace hincapié en defender la concesión del indulto, subrayando que "el Gobierno debe estudiar cada petición por separado y de manera individualizada", y que "sólo el análisis de las circunstancias en torno a cada condena y cada condenado, hacen posible entender adecuada o no la concesión o la denegación de cada gracia".

En este sentido, el Ejecutivo remarca que, a la hora de evaluar el caso de Ramírez, se tuvo en cuenta "el histórico penal del condenado, el cual no tenía ningún antecedente penal, ni anterior ni posterior, a la causa cuya pena se indulta", así como el hecho de que "en su informe policial carecía de antecedentes".

AUSENCIA DE "PELIGROSIDAD CRIMINAL"

"Advertida la ausencia de peligrosidad criminal del condenado, se procedió a conceder un indulto, de una forma condicionada, siempre y cuando procediera a la demolición de las obras ejecutadas ilegalmente, de acuerdo con el tenor literal de la sentencia dictada en sede judicial", explica.

En todo caso, el Gobierno remarca que "la concesión individualizada de una gracia no significa la revocación de la sentencia", pues "el indulto sólo moldea de manera parcial el cumplimiento de una determinada condena" y, aunque obtenga ese perdón, "el indultado sigue siendo culpable por haberlo declarado así una sentencia firme dictada en sede judicial".