Asegura que nadie del Gobierno ha responsabilizado al Supremo del espionaje a políticos independentistas catalanes
MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ha confiado este martes en que los miembros de Unidas Podemos que forman parte del Gobierno de coalición que lidera Pedro Sánchez mejoren la opinión crítica que tienen hacia el Poder Judicial, si bien ha enmarcado sus opiniones en la libertad de expresión.
Durante la Comisión de Justicia del Senado, Rodríguez se ha manifestado así al ser preguntado por el PP sobre hasta cuándo va a seguir "consintiendo" el Ejecutivo "ataques a la judicatura" desde dentro y, en concreto, sobre las palabras de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la jueza Victoria Rosell, cuando aseguró que apreciaba "resistencias" entre los jueces a leyes sobre violencia machista y apuntó a "presiones más sutiles".
"Soy el primero que quiere que mejore la percepción de Rosell hacia el Poder Judicial", ha señalado el secretario de Estado de Justicia, al tiempo que ha considerado que esas declaraciones, "vertidas en tertulias", quedan "fuera" del ámbito del Gobierno.
Rodríguez ha mostrado su respeto absoluto por la Justicia y la independencia del Poder Judicial, "que no es incompatible con preservar y defender la libertad de expresión, porque son pilares esenciales de nuestro Estado de Derecho", ha remarcado.
En una tertulia dirigida por el exvicepresidente Pablo Iglesias, Rosell afirmó que se había encontrado en la cúpula de la carrera judicial miembros que te dicen 'ya sabes lo qué te espera si no archivas esto o si continúas adelante con esto'. "También en casos de pederastia, hemos visto a preparadores o a padres magistrados decirles a hijas juezas de pueblo 'con el cura, no'", expuso.
Además, la delegada del Gobierno criticó el sistema memorialístico y preparador de acceso a la carrera judicial, pues, en su opinión, no forma jueces independientes sino "dependientes" de su formador, que "normalmente es alguien de la cúpula judicial que no ha tenido formación en Derechos Humanos, menos en feminismo y, además, con un poco de suerte, ya era juez en el franquismo".
Por estas palabras ha contestado el secretario de Estado a la senadora del PP María Teresa Martín, que también le ha preguntado por las declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, el pasado mes de enero, cuando dijo, en un acto en el Colegio de Abogados de Madrid, que la "justicia patriarcal" es un "obstáculo para el acceso de las mujeres a la garantía de sus derechos".
Martín además ha cuestionado a Rodríguez qué opinión le merece que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, calificara en 2021 de "prevaricación" la retirada del escaño al diputado de Podemos Alberto Rodríguez y acusara al Tribunal Supremo (TS) de presionar a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, para que se lo quitara pese a que "ambos sabían" que esa inhabilitación no es lo que marcaba la sentencia del TS.
A ojos de la senadora 'popular', los "graves ataques" desde el Gobierno al Poder Judicial "lamentablemente" se están convirtiendo en habituales. "No se puede tolerar el desprestigio y mucho menos alentarlo. Es un precio muy alto el que está pagando" el PSOE "sometiéndose a sus socios de Gobierno", le ha afeado Martín.
CONTROL JUDICIAL AL CNI
Por otra parte, el secretario de Estado ha asegurado que nadie en el Gobierno ha responsabilizado a Pablo Lucas, el magistrado de enlace del Supremo con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del espionaje a políticos independentistas catalanes con Pegasus.
"Creo que nadie ha señalado en absoluto, ni el presidente del Gobierno, ni ningún miembro del Gobierno, ha criticado al señor Lucas, y por lo menos no lo he oído, sino al contrario", ha dicho.
Así se ha pronunciado a una pregunta del PP en la Comisión de Justicia acerca de si el Ministerio cree necesario modificar el control judicial después de la reforma anunciada por el Gobierno para aumentar el control a los servicios de Inteligencia.
Rodríguez ha sostenido que es "bueno" que se reforme la ley para "reforzar" tanto el control judicial al CNI como la garantía de que se respeten los "derechos individuales y políticos" de las personas, pero ha indicado que ello no compete al Ministerio de Justicia.
NOMBRAMIENTOS DE DELGADO
Asimismo, el secretario de Estado ha respaldado la decisión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de reiterar el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de sala jefe de la Unidad Coordinadora de Menores del Ministerio Público, que --ha sostenido-- siguió los "cauces legales", después de que el Supremo acordara anular la primera designación por falta de motivación.
Según Rodríguez, en la repetición del nombramiento hecho por la fiscal general se respetó el pronunciamiento del Supremo, lo que "demuestra" que España es "un Estado de Derecho", ha contestado al senador del PP Fernando de Rosa, que le ha preguntado su opinión sobre el revés del Supremo a la designación inicial de Delgado.
"Usted sabrá si" con sus críticas "quiere sumarse a los que dicen que España no es una democracia plena. Yo le animo a no seguir en esa línea", le ha afeado Rodríguez al senador 'popular'. "No sigan desacreditando a España en su afán de criticar al Gobierno", les ha recriminado, avisando de que así "no está atacando al Gobierno ni a Delgado", sino a "la democracia española". "Los poderes del Estado son democráticos y funcionan bien, a pesar de ustedes", ha dicho.
Al lanzar su pregunta, De Rosa había exigido la dimisión de Delgado y había arremetido contra ella por su "más absoluto desprecio" a las reglas del mérito y capacidad en contra del otro candidato a ocupar el puesto de fiscal, José Miguel de la Rosa, que reunía, bajo el punto de vista del senador del PP, más condiciones.
Para De Rosa, Delgado ha basado su mandato en promover los "nombramientos de amigos" con el objetivo de "blindar su carrera" cuando deje de liderar la Fiscalía, aunque haya tenido un "intento fallido" tras decidir el PSOE retirar la enmienda que registró el pasado marzo en el Congreso para promover a fiscal de sala en el Tribunal Supremo a quien abandone la Fiscalía General del Estado.