El ministro quiere presentar el texto que permitirá que los fiscales instruyan las causas penales antes de que finalice el año
MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Justicia ha iniciado este miércoles los trabajo para la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) con la creación de la comisión de expertos que se encargará de la elaboración del anteproyecto.
La reforma, que tiene como objetivo sustituir la actual norma vigente, que se aprobó en 1882, es una de las prioridades del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para que sean los fiscales quienes instruyan las causas penales, en vez de los jueces, tal y como explicó en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados del pasado 17 de febrero. En ella se comprometió a presentar un texto para su aprobación por el Consejo de Ministros antes de que finalice el presente año.
Para ello, Campo ha ordenado este miércoles la creación de la comisión de expertos, tras mantener una reunión por videoconferencia con su presidente y coordinador de los trabajos, el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Juan José López Ortega, miembro del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.
Según recuerda el Ministerio en una nota de prensa, la redacción de una nueva ley procesal penal o la modificación integral de la vigente ha sido defendida en los últimos 20 años por gobiernos de distinto signo. Desde su inclusión en el Pacto de Estado por la Reforma de la Justicia, firmado el 28 de mayo de 2001, tanto el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero como el de Mariano Rajoy elaboraron sus propios textos que, finalmente, no llegaron a ser debatidos ni aprobados en las Cortes Generales.
Justicia explica que la necesidad de agilizar el proceso penal y dar una respuesta a modalidades delictivas cada vez más complejas ha convertido la creación de un nuevo texto en una demanda ampliamente defendida entre los operadores jurídicos, los académicos y las fuerzas políticas.
ADAPTACIÓN DEL PROCESO PENAL
Por ello, el objetivo será adaptar nuestro modelo de proceso penal al de la mayoría de países de nuestro entorno, dejando la instrucción en manos del fiscal y creando la figura del juez de garantías.
Asi, el nuevo sistema liberará a los jueces y magistrados de la investigación de los delitos para que puedan centrarse en el ejercicio de su jurisdicción reforzando su independencia, apostilla el departamento que dirige Campo.
Además, asegura que la futura reforma también perseguirá mejoras en la tutela de los derechos de las víctimas, así como la introducción de nuevos medios de investigación tecnológica y nuevas garantías en materia de protección de datos y derechos digitales, entre otros objetivos.
La actual Ley de Enjuiciamiento Criminal ha sufrido más de 70 modificaciones, 50 de ellas tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978. La redacción de sus disposiciones a lo largo de todo este tiempo, desde que se aprobó hace 138 años, obliga a una "reinterpretación constante por parte de los juzgados y tribunales para dotarla de coherencia y adaptar su contenido a las circunstancias actuales", destaca el Ministerio.
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