Justicia propone a las CCAA un coordinador de parentalidad para mediar en casos de conflicto entre padres

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Justicia ha propuesto este miércoles a las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia la puesta en marcha de un programa piloto de coordinación de parentalidad para proteger al menor en situaciones de conflicto cuando se rompe la relación entre sus progenitores.

En concreto, la figura del coordinador se concibe como un "mediador amigable" para situaciones enquistadas que puedan perjudicar el interés superior del niño, según ha informado el departamento que dirige Dolores Delgado.

En el pleno de la Conferencia Sectorial de Justicia, se ha explicado que la idea del Ejecutivo es que, a partir de experiencias similares que ya están funcionando en Aragón y Cataluña así como en otros países de nuestro entorno, se pueda extender este programa a todo el territorio nacional.

CLÁUSULAS ABUSIVAS DE LOS BANCOS

Entre otros asuntos, la mesa sectorial también ha revisado la situación actual de los juzgados que atienden las reclamaciones de consumidores por cláusulas abusivas de los bancos al hilo de la preocupación manifestada por algunas comunicaciones por la inadecuación de las medidas adoptadas para gestionar el alto volumen de asuntos que ingresan en ellos y la previsión de que la situación de saturación se traslade a las salas de apelación de las audiencias provinciales.

Para paliar esta situación, el Ministerio, junto con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las comunidades tratarán de buscar nuevas fórmulas que tengan en cuenta el esfuerzo presupuestario que está suponiendo para todas las administraciones competentes el refuerzo de medios humanos y materiales.

Igualmente, en el pleno se ha abordado la recuperación por parte del personal de la Administración de Justicia de las licencias, permisos y otros derechos laborales perdidos como consecuencia de la aprobación en 2012 de la Ley de Eficiencia Presupuestaria.

En este sentido, el Ministerio ha trasladado a las comunidades autónomas las medidas aprobadas y las que se proponen para que los trabajadores de Justicia recuperen estos derechos, al igual que el resto de funcionarios públicos.

Por otro lado, desde Justicia se ha anunciado también la intención de poner en marcha un plan de calidad en las Oficinas Judiciales y Fiscales. Para ello se han constituido grupos de trabajo integrados por fiscales, jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y sindicatos que definirán, desde el consenso, propuestas de mejora de la estructura, funcionamiento y dotación actual de la Oficina Judicial y Fiscal.

En la misma línea y con la meta de afianzar su implantación, Justicia ha anunciado que, antes de final de año, la Oficina Judicial entrará en funcionamiento en otros 35 partidos judiciales del territorio en el que el Ministerio es competente y que cuentan con un único juzgado. En cuanto a la Oficina Fiscal, se pondrá en marcha en las 31 fiscalías dependientes de Justicia en las que todavía no funciona este nuevo modelo de organización.

Además de la ministra Delgado, por parte del Ministerio, han acudido al pleno, entre otros altos cargos, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz; y el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo. Por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha asistido el director general de Cooperación Autonómica y Local, José María Pérez.

En representación de las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia, han estado presentes la consejera de Justicia del País Vasco, María Jesús San José; el vicepresidente de la Xunta de Galicia y consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, Alfonso Rueda; y la consejera de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas de la Comunitat Valenciana, Gabriela Bravo.

También han estado presentes el viceconsejero de Justicia de Canarias, Emilio Moreno; la consejera de Justicia e Interior de Andalucía, Rosa Aguilar; la directora general de Justicia de Navarra, Lourdes Aldave; la consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola; el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana de Asturias, Guillermo Martínez; el consejero de Presidencia y Justicia de Cantabria, Rafael de la Sierra; la directora general de Justicia e Interior de Aragón, María Ángeles Júlvez; y el consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia de La Rioja, Conrado Escobar, así como otras autoridades regionales.