El Juzgado número 30 de Madrid espera desde el 4 de febrero el informe fiscal sobre una denuncia de contra Bárcenas

Manos Limpias le acusa de alzamiento de bienes, falsedad documental y fraude a Hacienda

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid, que dirige Eduardo Esteban, tiene pendiente desde principios de febrero la realización de un informe para postularse sobre la admisión o no a trámite de la denuncia presentada por Manos Limpias contra el extesorero del PP Luis Bárcenas por diferentes delitos relacionados con la aparición de una presunta contabilidad B en el Partido Popular.

La realización del informe fue reclamada el pasado 4 de febrero por el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, ante el que fue presentada la denuncia.

Un segundo Juzgado de Instrucción, el número 10, tiene pendiente también la ordenación de alguna diligencia en relación con una querella criminal presentada el pasado día 19 por el Observatorio para el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc) por presuntos delitos de evasión fiscal, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.

Excepto por la petición a la Fiscalía del informe sobre la iniciativa de Manos Limpias, a fecha de hoy no se ha adoptado ninguna decisión determinante en relación con estas actuaciones, que podrían ser admitidas y llegar a ser acumuladas en un sólo órgano o bien archivadas de plano, según han informado a Europa Press en fuentes jurídicas.

Las decisiones que se adopten de aquí en adelante tienen importancia porque, en el caso de que alguno de los juzgados aludidos abriera causa contra Bárcenas por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción se vería obligada a cesar en las diligencias informativas que tramita desde el pasado 24 de enero y remitir todo lo actuado al magistrado correspondiente.

El pasado 4 de febrero, Manos Limpias formuló una denuncia contra Bárcenas por los presuntos delito de alzamiento de bienes, falsedad documental y fraude a la Hacienda. Los denunciantes buscan la práctica de diligencias para determinar, entre otras cosas, determinar "la veracidad o falsedad de las notas manuscritas" publicadas en su día por el diario El País.

A la actuación del citado sindicato de funcionarios hay que sumar la interpuesta el pasado día 19 por el Observatorio para el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc) por presuntos delitos de evasión fiscal, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental, que ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 10.