Los juzgados y tribunales ordenaron juzgar por corrupción a 44 personas en el tercer trimestre de 2020

Dictaron once sentencias condenatorias, el 65% del total de los fallos emitidos por estos delitos

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los juzgados y tribunales españoles dictaron auto de procesamiento por delitos de corrupción contra 44 personas durante el tercer trimestre de 2020, así como 17 sentencias, de las cuales once fueron condenatorias, según ha informado este viernes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Durante los meses de julio, agosto y septiembre, los jueces concluyeron 18 procedimientos por corrupción en los que se dictó auto de procesamiento contra 44 personas físicas y 13 personas jurídicas que ya han sido juzgadas o lo serán por estos delitos.

En esas mismas fechas, se dictaron 17 sentencias por dichos ilícitos, de las cuales once fueron condenatorias y seis fueron absolutorias, por lo que el fallo fue contra el acusado en el 65 por ciento de los casos.

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del CGPJ, que "permite a la ciudadanía conocer la acción de la justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores (...), que se actualizan de forma trimestral".

El órgano de gobierno de los jueces ha explicado que este repositorio ofrece información sobre la llamada "corrupción pública" por considerar que "es ésta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía", ya que "tiene como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos y, como uno de los elementos del tipo, la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política".

La "corrupción pública" aparece recogida en el Código Penal en los delitos de cohecho, malversación, prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales.