Koldo García pide a la AN que le devuelva la moto para poder ir a trabajar y llevar a su hija a clase

Archivo - El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, a su salida de la Audiencia Nacional, a 22 de febrero de 2024, en Madrid (España). El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, se ha acogido a su derecho a no declarar ant
Archivo - El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, a su salida de la Audiencia Nacional, a 22 de febrero de 2024, en Madrid (España). El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, se ha acogido a su derecho a no declarar ant - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
Publicado: lunes, 8 abril 2024 16:06

La Fiscalía se opone porque el exasesor de Ábalos la usó para ir a encuentros y reuniones con otros investigados de la trama

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Koldo García, quien fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión del juez instructor del 'caso Koldo' de no devolverle para su uso la motocicleta de la marca Suzuki y el vehículo propiedad de su mujer, un crossover modelo Kia Niro. Alega que los necesita para trabajar o llevar a su hija a clase.

En un escrito de su defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, se explica que fue en febrero de 2024 cuando el Juzgado Central de Instrucción número 2 acordó "la prohibición absoluta de vender, gravar, obligar o enajenar" respecto de determinados vehículos de la pareja. Y ahora, para tratar de que la Sala de lo Penal rectifique esta decisión del juez, recuerda que estos "son los medios de transporte de que disponen (...) para su día a día, esto es para poder trasladarse a sus trabajos, así como para poder llevar y recoger a su hija de cuatro años al colegio".

"No podemos compartir la extrema dureza que supone para nuestros representados privarles de todo medio de transporte para su quehacer diario y poder continuar con sus labores profesionales, y, sobre todo, para permitir que la hija de mis patrocinados pueda seguir acudiendo al colegio y a sus actividades extraescolares", apunta.

En este sentido, entiende la defensa que se puede mantener la prohibición de vender o enajenar esos bienes pero al mismo tiempo permitir la utilización de los mismos. Esto, a su juicio no supone "sino respetar la finalidad que se persigue con la medida cautelar, pues existiendo el bien, siempre podrá responder a las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran en el futuro recaer".

SE USÓ PARA ENCUENTROS DE LA TRAMA

Ante esta pretensión del que es uno de los principales investigados de la causa y de su mujer, el Ministerio Público señala que debe desestimarse dado que ambos vehículos fueron utilizados para asistir a reuniones y encuentros relacionados con los hechos investigados, tal y como consta en seguimientos y vigilancias realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Koldo García "ha utilizado el referido vehículo --la Suzuki-- para asistir a las reuniones y encuentros con otros de los investigados, que integran la trama criminal investigada, así como con terceros que pudieran tener relación con los hechos investigados", señala el informe del fiscal Luis Pastor, al que también ha tenido acceso Europa Press.

El fiscal anticorrupción indica además que esta circunstancia es también predicable del vehículo de la mujer del exasesor, Patricia Uriz, y recuerda que no puede olvidarse que ambos "fueron adquiridos con posterioridad a los contratos investigados y de forma coetánea al notable incremento patrimonial experimentado por el investigado y su entorno familiar, como consecuencia de las dádivas recibidas por su intervención en la adjudicación de los contratos investigados a Soluciones de Gestión".

Cabe recordar que en esta causa, el magistrado Ismael Moreno investiga a siete personas por pertenecer a una presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir esas adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia.

La Fiscalía Anticorrupción les atribuye a todos presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. En total, están bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros.