Un grupo de vocales había pedido abordar este asunto con miras a que el CGPJ pueda volver a hacer nombramientos
MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha incluido en el orden del día del Pleno del próximo jueves la propuesta realizada por nueve vocales para asegurar que el Congreso escuche al Consejo en la tramitación de la reforma legal impulsada por el PSOE para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC), con miras a que el órgano de gobierno de los jueces pueda volver a hacer nombramientos en la cúpula judicial.
Según ha informado el CGPJ este martes, Lesmes ha decidido incluir en el orden del día del próximo Pleno el debate y, en su caso, la votación de la propuesta formulada por los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea.
El órgano de gobierno de los jueces ha recordado que el artículo 600 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) señala que deberá celebrarse una sesión extraordinaria del Pleno si lo solicitan cinco vocales y el artículo 18.5 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del CGPJ establece que los vocales tienen derecho "a formular propuestas escritas y a su inclusión en el orden del día de las reuniones del Consejo".
Estos nueve vocales remitieron un escrito a Lesmes el lunes donde proponían "solicitar al Congreso de los Diputados que recabe el informe del CGPJ en relación con la proposición de ley orgánica presentada por el grupo parlamentario socialista para la reforma de la LOPJ en el aspecto relativo a las atribuciones de este Consejo en el sentido de devolverle también y con plenitud las atribuciones para los nombramientos judiciales y gubernativo-judiciales de carácter discrecional".
Asimismo, estos vocales --casi la mitad del CGPJ-- proponían que el órgano de gobierno de los jueces se dirigiera también a la Comisión Europea para "informar" sobre la reforma legal del PSOE.
Los firmantes explicaban que, aunque "la interpretación que se ha venido haciendo" es que no es obligatorio recabar informe del CGPJ para proposiciones de ley, "el principio de 'interpretación conforme' con el Derecho de la UE que resulta de la jurisprudencia del TJUE impone que, cuando la proposición de ley se refiera a los aspectos nucleares del estatuto de los miembros del Poder Judicial o que afecten al estatuto o las funciones de los miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial, debe tramitarse oyendo a todos los sectores implicados, lo que incluye al propio CGPJ".
"JUSTIFICACIÓN CONTRADICTORIA E INCOHERENTE"
Los vocales reaccionaban así a la decisión del PSOE de reformar nuevamente la LOPJ para permitir que el CGPJ pueda nombrar a los dos magistrados del TC que le corresponden de modo que los cuatro magistrados de la corte de garantías cuyo mandato expiró el 12 de junio puedan ser sustituidos.
El problema suscitado es que estos cuatro magistrados forman el tercio que debe renovarse por Gobierno y CGPJ, proponiendo cada uno a dos candidatos, pero el Consejo no puede realizar nombramientos debido a la reforma de la LOPJ aprobada en marzo de 2021 que le impide hacer uso de esta facultad estando en funciones, situación en la que lleva desde hace más de tres años.
"Según puede leerse en la exposición de motivos, la finalidad de la proposición de referencia es evitar las dificultades que el texto vigente entraña para la renovación de los órganos constitucionales", señalaban los nueve vocales.
Sin embargo, a su juicio, "tal justificación resulta contradictora e incoherente" por cuanto "tan órgano constitucional es el tribunal de garantías como lo son los juzgados y tribunales, servidos por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial cuyo superior, en todos los órdenes, es el Tribunal Supremo".
La reforma del año pasado ha impedido que el CGPJ pueda cubrir las vacantes surgidas en la cúpula judicial, lo que ha situado algunas salas al borde del colapso. Este lunes, el Supremo pedía al CGPJ que transmita al Congreso y al Senado su "insostenible" situación.