El líder de Podemos Asturias acusa a "la maquinaria del Estado" de elaborar "dossiers" sobre los miembros de su partido

Critica tras el caso de Ramón Espinar el "doble rasero" que evita que la corrupción se investigue siempre con el mismo celo

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos en Asturias, Daniel Ripa, ha acusado este miércoles a la maquinaria del Estado de dedicarse a "buscar dossiers" de cada uno de los miembros de su partido tras las informaciones que relacionan al diputado autonómico y senador de Podemos, Ramón Espinar, con la compra y posterior venta de una vivienda protegida en Alcobendas.

Según ha asegurado Ripa en declaraciones a los medios en la Audiencia Nacional, esta "lupa" e "investigación inmensa" a la que se somete a los miembros de Podemos supone un "doble rasero" ya que el interés no ha sido el mismo en otros casos como la trama Gürtel o el sobrecoste en las obras de ampliación del puerto asturiano de El Musel.

"Parece a veces que hay pactos de Estado para tapar la corrupción y no para aumentar la transparencia", ha dicho y ha expresado su deseo de que existe la misma transparencia y rigor en la investigación de todo lo que tenga que ver con la corrupción. En su opinión, el uso de la esta misma lupa en todos los casos facilitaría un mejor uso del dinero público en España.

En cuanto a Espinar, Ripa ha confiado en que ofrecerá las explicaciones oportunas. El diputado madrileño de la formación morada adquirió en marzo de 2010, con 23 años y cuando era estudiante en la Universidad Complutense de Madrid, adquirió una vivienda protegida en Alcobendas por 146.224 euros que luego vendió antes de terminar ese año por 176.000 euros (casi 30.000 euros más), tal y como recoge este miércoles una información de la Cadena Ser.

Ripa ha acudido este miércoles a la Audiencia Nacional coincidiendo con la declaración ante la juez Carmen Lamela de dos de los empresarios que participaron en las obras de El Musel. La reconstrucción de este puerto se investiga desde que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) remitiera en marzo de 2014 un informe en el que denunciaba "graves irregularidades e incluso fraude" en este proyecto, así como "deficiencias en los sistemas de gestión y de control por parte del beneficiario, la Autoridad del Puerto de Gijón".

Según la resolución, el proyecto y la ejecución de las obras de 'Ampliación del Puerto de Gijón' adjudicado el 4 de enero de 2005 a la Unión Temporal de Empresas Dique Torres por 499.346.171 euros con un plazo de ejecución de 46 meses, fue modificado el 18 de diciembre de 2007 con un presupuesto de contrata de 830.165.909 euros, que supuso un incremento respecto al importe inicial de 250 millones de euros.