Llop, la juez de violencia de género que corrigió el 'solo sí es sí' tras la excarcelación de más de 100 agresores

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Deja el cargo sin resolver el conflicto con los funcionarios, que reclaman una subida salarial parecida a la de jueces, fiscales y LAJ

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora ministra de Justicia, Pilar Llop, abandona el departamento tras un 2023 en el que ha tenido que corregir la conocida como 'ley del solo sí es sí' --impulsada por el Ministerio de Igualdad-- después de que la norma permitiese más de 1.000 rebajas de penas y más de 100 excarcelaciones de agresores sexuales.

Llop fue nombrada ministra en julio de 2021 en sustitución de Juan Carlos Campo. Heredó la cartera con el reto de desbloquear las negociaciones con el principal partido de la oposición, el PP, para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva caducado desde finales de 2018.

Se marcha, sin embargo, dos años y cuatro meses después con un Consejo que sigue en funciones y que ha tenido que cambiar dos veces de presidente, toda vez que Carlos Lesmes dimitió en octubre de 2022 ante la falta de avances para la renovación y su sustituto, el vocal Rafael Mozo, se jubiló el pasado julio.

Otro asunto que también deja sin resolver es el conflicto laboral con los funcionarios de Justicia, que estuvieron entre abril y julio con paros parciales y totales para reclamar una subida salarial de hasta 450 euros al mes, en línea con la que consiguieron los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) tras dos meses de huelga. El conflicto se enfrió a raíz del adelanto electoral que llevó al Ejecutivo a estar en funciones, pero sigue latente.

Con todo, la ministra logró evitar en mayo que jueces y fiscales llevaran a cabo el parón con el que amenazaban para conseguir también una subida mensual de hasta 450 euros. El acuerdo se firmó tras semanas de negociación y sin la rúbrica de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de la carrera judicial.

SIN LECRIM, PERO CON EFICIENCIA

Llop además deja en el tintero la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), con la que se pretendía adaptar la normativa española a las exigencias de la Fiscalía Europea. Este cambio de modelo perseguía dar todo el protagonismo al Ministerio Público en la fase de instrucción en detrimento del juez, y fue contestado por los fiscales y jueces, que defendían que debía ir acompañado de un aumento de la plantilla y de una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

El anteproyecto de la LECrim fue aprobado por el Consejo de Ministerio en noviembre de 2020 y, aunque fue un proyecto insignia del exministro Campo, no llegó a ver la luz durante la gestión de Llop. Otro proyecto que heredó de su predecesor y no llegó a concretar fue el estudio de una reforma de los delitos de enaltecimiento del terrorismo, contra los sentimientos religiosos y de injurias a la Corona para que no fueran castigados con penas privativas de libertad.

En cambio, Llop apostó durante su gestión por las conocidas como leyes de eficiencia que constituyen los pilares del Plan de Justicia 2030, también heredado de Campo. Durante su estancia en el Ministerio, llevó al Consejo de Ministros los proyectos de ley de eficiencia organizativa, de eficiencia procesal y de eficiencia digital para "agilizar y acercar la justicia a los ciudadanos".

Llop mantuvo un perfil de menor calado político que su antecesor. Muestra de ello es que no estuvo al frente de la reforma penal que derogó la sedición y reformó la malversación, ni asumió las negociaciones para la renovación del CGPJ, como sí hizo Campo. Ambas cuestiones recayeron sobre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Su departamento tampoco gestionó la reclamación por parte del Estado de los bienes del Pazo de Meirás ni en las exhumaciones en el Valle de los Caídos, asuntos que solía llevar Justicia y que pasaron a manos del Ministerio de Bolaños.

LA "GRAVEDAD" DE LAS REBAJAS A AGRESORES

Este año, sin embargo, ha destacado por haber tenido que entrar en escena para reformar la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual que entró en vigor en octubre de 2021 con el impulso de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Con aquella norma, el delito de agresión sexual absorbió al de abuso sexual, por lo que la horquilla penal también se amplió y el baremo de la pena mínima se rebajó. Los magistrados optaron mayoritariamente por aplicar la reforma a los condenados al considerarla más favorable al reo.

Llop reconoció públicamente la "gravedad" de las situaciones que han vivido algunas víctimas afectadas por las rebajas de penas aplicadas en virtud de la ley y se comprometió a reformar la ley. "Los datos son una evidencia y las evidencias no hay ni que comentarlas", dijo en una entrevista.

En este sentido, admitió que "había que poner fin a ese dolor" y que se debía hacer "a través de una reforma responsable". "Había que asumir esa responsabilidad y yo la he asumido", aseveró.

El texto legal que corrigió la 'ley del solo sí es sí' entró en vigor el pasado abril. Sin embargo, la propia ministra, especializada en violencia de género, reconoció que con su reforma no se podrían parar las revisiones de pena. "Eso no se va a poder evitar. También hay que dar ese mensaje y no generar falsas expectativas", explicó.

PENDIENTE DE LA AMNISTÍA

Siete meses después, Llop deja el Ministerio con el comisario de Justicia de la Unión Europea, el belga Didier Reynders, pendiente de la proposición de ley que presentó el PSOE ante el Congreso para amnistiar una década del independentismo catalán.

Justo el pasado 14 de noviembre, en el marco de una reunión ministerial Estados Unidos-UE sobre asuntos de Justicia e Interior que tuvo lugar en Washington, la ministra trasladó al comisario que entendía el interés de Bruselas por la futura ley de amnistía, pero apuntó que se trata de un tema de ámbito nacional que aún debe tramitarse en el Parlamento.

En octubre, en una visita a España, Reynders avisó de que, aunque la amnistía es un asunto de "competencia nacional", en la UE "hay algunos límites", en referencia al impacto que puede tener la norma en los delitos de malversación que afecten a fondos europeos.