López Madrid pide su absolución en 'Lezo' alegando que "carecía de capacidad de poderes" en OHL para "ordenar pagos"

Niega que tratase de influir al consejero delegado de Mintra, con el que "no tenía relación alguna" en el momento de los hechos

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El empresario Javier López Madrid ha solicitado su libre absolución en la causa 'Lezo' alegando que durante su etapa como consejero dominical de la constructora OHL "carecía de capacidad de decisión y de poderes" para "contratar en nombre de la compañía" u "ordenar pagos" similares al del contrato para la construcción de la línea ferroviaria de Navalcarnero.

Así se recoge en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que se apunta que durante 2007 y 2011 ostentó un cargo que no llevaba "aparejada función ejecutiva alguna". Su función, según señala su letrado, "se limitaba a asistir a algunos de los Consejos de administración" de la empresa.

Fue precisamente en esa etapa, en concreto en 2007, cuando se produjo la adjudicación del contrato para la construcción de la línea ferroviaria de Navalcarnero que recayó en una UTE participada por OHL gracias a la "ventajosa oferta económica" en comparación con otras siete empresas.

Sin embargo, en su defensa López Madrid arguye que en el "presente caso ni existió concierto ni se elaboraron artificios para lograr la adjudicación del contrato, concurriendo transparencia y publicidad en su licitación y acudiendo siete empresas de reconocido prestigio en el sector de la construcción" para hacerse con el mismo.

SIN "INTERVENCIÓN ALGUNA" EN LA CONCESIÓN

En este contexto, López Madrid ha señalado de forma directa a "la persona responsable de los proyectos de concesión", que por aquel entonces era Juan Luis Osuna Gómez, director general de Concesiones de OHL "que reconoció en fase sumarial ser el responsable único". "En todo el proceso, se reitera, Francisco Javier López Madrid no tuvo intervención alguna", recuerdan.

Pero, además, el empresario también se desmarca de la modificación del contrato que se produjo cuatro años después, en octubre de 2011, "por circunstancias sobrevenidas e imprevistas en el momento de la licitación". "Tampoco en este hecho mi representado tuvo intervención alguna", apunta su abogado.

Su letrado también se refiere a una de las acusaciones esgrimidas por la Fiscalía Anticorrupción, que aseguró que López Madrid y Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas destinaron 2,5 millones de dólares --aproximadamente 1,8 millones de euros-- al abono de una ilícita comisión entre cuyos beneficiarios se encontraban Ildefonso de Miguel Rodríguez e Ignacio González a fin de que este último ejerciera su influencia sobre Jesús Trabada, entonces consejero delegado de Mintra.

"El señor Trabada no formaba parte de la Mesa de Contratación, no tenía sentido tratar de influir en él para que él influyera en nada (...) y si el señor Trabada no formaba parte de la Mesa de Contratación, no es verosímil que el mismo fuera la persona idónea sobre la que influir con la finalidad de lograr el resultado que se reprocha", sostiene.

COMO "CORROMPER A UN JUGADOR QUE NO VA A JUGAR"

En este punto, el abogado critica al juez y a la Fiscalía asegurando que "defender lo que se defiende sería tanto como defender que para lograr el amaño de un partido de fútbol se trata de corromper a un jugador que no va a jugar el partido que se pretende amañar". "Si no va a jugar el partido, ninguna incidencia tendrá en el juego, de manera que nunca podrá influir en el resultado", espeta.

Pero, además, López Madrid sostiene que "en la fecha de los hechos no tenía relación alguna" con los presuntos implicados, "con lo que difícilmente pudo acordar nada con éstos". "Asimismo, apenas tenía relación --más allá de la meramente formal-- con el señor Martin de Nicolás; y tal relación apenas formal era consecuencia de coincidir con él en el Consejo de OHL", apunta.

Por otro lado, el empresario se refiere a las "masivas grabaciones de conversaciones" que se produjeron entre diciembre de 2017 y en febrero de 2018 a "investigados y abogados defensores" y que fueron "analizadas y utilizadas" por la Unidad Central Operativa por "su interés para la investigación" y por el juez instructor y la Fiscalía en los interrogatorios.

"Sencillamente no es admisible, salvo que concluyamos que en el estado actual de las cosas todo vale, de manera que aceptemos que eso del Estado de Derecho que nuestra Constitución proclama en su artículo 1.1 no pasa de ser una mera afirmación de estilo carente de eficacia alguna", denuncia.

Precisamente, López Madrid ha criticado duramente que el magistrado instructor fuese informado sobre la existencia de una serie de grabaciones "que vulneraban frontalmente el derecho fundamental cobijado en el artículo 24" de la Carta Magna --referido a la tutela judicial efectiva-- y, "en lugar de poner fin a dicha situación" acordase en dos autos la prórroga de la intervención de las comunicaciones".

UN "HECHO DE ENORME GRAVEDAD" POR PARTE DEL JUEZ

Se trata, desde su punto de vista, de "un hecho de enorme gravedad" que "invalida las actuaciones" y que le dejó "atónito" al tiempo de enterarse de esas escuchas cuando se levantó el secreto de la pieza, en febrero de 2018. Así sostiene, que no es "dable exigir comportamientos al otro cuando quien tiene el deber de tener a la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico" se está "burlando de forma grosera esa misma norma suprema".

Asimismo, a lo largo de las 51 páginas que integran su escrito de defensa, López Madrid insiste en pedir la nulidad parcial de las actuaciones señalando que su representación tuvo conocimiento de determinadas actuaciones nueve meses después de haberse dictado el auto de incoación de procedimiento abreviado y tras ser notificado el auto de apertura de juicio oral.

"Es inequívoco que en la tramitación de la fase instructora se han vulnerado los derechos fundamentales de los investigados a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a no sufrir indefensión", asegura.

En esta línea, su letrado insiste en que "no hay duda" de que se ha "privado de forma radicalmente indebida a los investigados del derecho sacrosanto a conocer actuaciones esenciales del procedimiento, cerrándose la fase sumarial sin haberles dado la más mínima oportunidad de conocer y desvirtuar los hechos comprendidos en las actuaciones obrantes" en la pieza.

SEIS AÑOS Y MEDIO DE CÁRCEL

Su escrito de defensa llega después de que, el pasado mes de junio, el juez instructor de la causa acordase enviar a juicio a López Madrid y al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento mercantil y fraude a las Administraciones Públicas en el marco de la pieza separada número 3 en la que se investigaba la presunta adjudicación irregular de las obras del tren de Navalcarnero.

En el escrito de conclusiones provisionales elaborado por la Fiscalía Anticorrupción en diciembre de 2020 se interesaban penas de seis años y medio para López Madrid y cuatro para González.

La representación de López Madrid ha presentado sus conclusiones días después de que el propio González hiciese lo propio. En su caso, solicitó la nulidad de la causa argumentando que la misma tiene su origen en un "burdo montaje" orquestado por Villarejo "por encargo de terceras personas con la finalidad" de hundirle "política y personalmente".