López Viejo "impuso" a funcionarios y consejerías de Madrid contratos con Correa a cambio de gratificaciones

El exconsejero y el exalcalde de Majadahonda tenían cuentas en Suiza y habrían defraudado 3,2 millones de euros a Hacienda

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo se prevalió de su cargo como viceconsejero de Presidencia para "imponer" a varios funcionarios y consejerías de la Administración regional la adjudicación de contrato a la trama 'Gürtel' a cambio de "gratificaciones".

Según consta en el auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el que propone llevar a juicio a 43 acusados por sus actividades durante "la primera época" de la Gürtel, López Viejo "adjudicó directamente múltiples contratos" a empresas vinculadas a Correa.

Estas comisiones se repercutían como importe facturado a las entidades adjudicadoras encareciendo de ese modo los servicios contratados y abonados, agrega el juez.

Ruz detalla que el proceder de López Viejo provocó las "quejas y reticencias" de varios funcionarios, que se negaban a asumir ciertos abonos ocasionando "continuos cambios en la facturación". "Alguna de las facturas se habría emitido 31 meses después de prestado el servicio", añade.

Según el auto, el exconsejero quería supervisar desde la adjudicación hasta el cobro de los contratos pese a la "resistencia" de muchas consejerías y organismos a asumir gastos de actos que no habían contratado ni presupuestado. "Con el fin de vencer dicha resistencia, López Viejo habría hecho valer la autoridad de su cargo por su directa relación con Presidencia ante ellos o ante sus superiores", destaca.

El juez Ruz desgrana cómo López Viejo medió para la designación "arbitraria" de empresas como Sufi, filial de Sacyr, en su propio beneficio o cómo aprovechaba la emisión de facturas "totalmente inespecíficas y genéricas" para hacer imposible que se verificaran los servicios realmente prestados. El político destinó parte de las comisiones que recibía a cuentas suizas, donde su esposa, Teresa Gabarra, figuraba como apoderada.

El político no habría declarado tales ganancias hasta que en julio de 2012 presentó una declaración complementaria del IRPF de 2008 consignado parcialmente 4.161 euros. Además, adquirió inmuebles con dinero que "no podría ser resultado del ahorro de las rentas declaradas procedentes de su actividad lícita", señala el juez, que resume que López Viejo habría defraudado 1.925.716 euros por los IRPF de 2002 , 2003, 2006 y 2008.

ORTEGA, UN MILLÓN DE EUROS EN SUIZA

Por otra parte, el juez cree que el que fuera alcalde de Majadahonda desde 2001 hasta 2005, Guillermo Ortega, habría utilizado facturas "presuntamente mendaces" en servicios inexistentes y recurrido a la "sobrefacturación" o al cobro de comisiones para enriquecer a entidades públicas del municipio madrileño del que era regidor.

Gracias a ello, Ortega habría obtenido ingresos por importe total de al menos un millón de euros que no habría declarado a Hacienda y habría ingresado en distintas cuentas abiertas en Suiza. En total, el juez cree que defraudó 1.276.657 euros en concepto de los IRPF desde 2002 hasta 2005.

Facturaba a través de la sociedad Creative Team SL, vinculada a él mismo, o a través de las sociedades relacionadas con Correa, a las que también beneficiaba en la adjudicación de "numerosos contratos menores". A cambio, Ortega recibió 76.000 euros que ingresó en Suiza.

Las sociedades relacionadas con Correa canalizaban los cobros con la creación de dos "fondos o bolsas" que funcionaban a modo de cuentas corrientes. La cuenta 'Gabinete Majadahonda' habría percibido al menos 781.000 euros, mientras que la cuenta 'Extractos Willy', correspondiente a la cuenta personal de Ortega, habría recibido un mínimo de 270.000 euros.

Los fondos y comisiones habrían sufragado también actos del Partido Popular por valor de 125.000 euros y del Ayuntamiento de Madahonda por importe de 300.000 euros, si bien se habrían empleado puntualmente para reconducir fondos hacia la ex mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano y los exediles de este municipio José Luis Peñas y Juan José Moreno, que grabaron a Correa.

"Los cargos públicos presuntamente implicados habrían recibido, al menos: José Luis Peñas, 50.000; Carmen Rodríguez, 27.000; Juan José Moreno, 8.200 y Guillermo Ortega, 250.000 euros", recoge el auto, que añade que Ortega fue también gratificado con viajes.