Una madre que dejó a su hija en Gambia en 2015 para que le practicaran la ablación acepta dos años de cárcel

Se acuerda, en cambio, una sentencia absolutoria para el padre al entender que no tuvo conocimiento del delito

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado este martes una pena de dos años de prisión, si bien en el mismo escrito de acusación interesa suspender la condena, para una madre que viajó a Gambia con su hija de un año y medio que tenía nacionalidad española y a la que en su estancia en el país africano le fue practicada una ablación genital. Esa mutilación genital se produjo de manera clandestina en 2015 y fuera de un centro sanitario.

Asimismo, el Ministerio Público ha retirado la acusación respecto del padre de la menor --que también viajó a Gambia y dejó a la menor al cuidado de la abuela materna-- y ha interesado al tribunal que se acuerde su absolución aduciendo que no fue consciente de lo sucedido. En cambio, a la madre le pide que indemnice a su hija con la cantidad de 60.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Así lo confirman a Europa Press fuentes jurídicas presentes en el juicio que se ha celebrado este martes en la Audiencia Nacional y que ha quedado visto para sentencia tras hacerse público el acuerdo de conformidad de los acusados --la madre y el padre de la menor-- con la Fiscalía. Conformidad que no contempla, a pesar de que el escrito de acusación preliminar sí lo hacía, la retirada de la patria potestad durante 10 años sobre la hija que había sufrido la mutilación, y que sí refleja atenuantes por confesión tardía y dilaciones indebidas.

Este acuerdo contrasta con las penas solicitadas en ese escrito inicial, en el que la Fiscalía acusaba a ambos progenitores del delito de mutilación genital como autores por inductores del delito, y en el que solicitaba una pena que ascendía a 10 años de cárcel para cada uno porque concurría la circunstancia de parentesco, algo que tenía efectos agravatorios.

EL VIAJE A GAMBIA

Según el escrito de acusación, recogido por esta agencia de noticias, en septiembre de 2015 los procesados --el padre y la madre-- viajaron a Gambia "junto con su hija común de nacionalidad española (...) que entonces tenía un año y seis meses de edad, y con su hermana (...) permaneciendo en una localidad que no ha quedado precisada alojados en la vivienda de unos familiares".

Los padres regresaron con la hermana a España pero dejaron a la menor a cargo de la abuela materna, y fue en el curso de la estancia en Gambia cuando, según el fiscal, "los procesados pidieron a uno de sus familiares, de identidad desconocida, que practicara a la menor una mutilación genital de grado III (conocida como infibulación o circunscripción faraónica)".

Seis años más tarde, esa ablación genital fue detectada por los servicios sociales del centro de atención primaria de la localidad de Rubí, Barcelona. Ocurrió en 2021, en una revisión pediátrica de la menor, y se alertó de inmediato a los Mossos d'Esquadra que tras abrir atestado remitieron el asunto a los juzgados.

En esa investigación policial, se supo que los servicios sociales de Rubí en el marco del seguimiento de esta familia, informaron de que en cumplimiento del protocolo referido a la mutilación genital, habían requerido a los procesados antes de iniciar el viaje a Gambia en 2015 un documento en el que se comprometían a no realizar la ablación genital de ninguna de sus dos hijas menores.

LOS INFORMES FORENSES

El escrito de la Fiscalía recoge también que dos médicos forenses adscritos al Instituto de Medicina Legal de Barcelona procedieron al examen de la menor en presencia de su madre al objeto de identificar las lesiones sufridas como consecuencia de la mutilación genital con todas sus secuelas.

Para los forenses, las lesiones podrían comportar múltiples complicaciones a corto, medio y largo plazo. En el corto citan dolor intenso, infecciones, hemorragias, lesión de órganos y estructuras anatómicas de la zona.

A medio y largo plazo, la menor podría sufrir infecciones génito-urinarias (vesicales) recurrentes; tendencia a la litiasis, obstrucciones del tracto urinario, incontinencia urinaria y fístulas genitourinarias; enfermedad inflamatoria pélvica, infecciones, infertilidad, dismenorrea (dolor menstrual intenso), aumento de la vulnerabilidad de infecciones de transmisión sexual; retención del sangrado menstrual en la vagina; coitos dolorosos, ausencia de libido y capacidad para excitarse sexualmente y tener orgasmos; y fobia sexual por aversión al sexo.

Suma el informe forense que las mujeres con una mutilación de tipo III sufren problemas adicionales como la necesidad de reapertura del introito vaginal (desinfibulación parcial) y en ocasiones implica la necesidad de nuevas intervenciones quirúrgicas para corregir el sellado o estrechamiento vaginal para permitir el parto.

Del mismo modo, se incrementa el riesgo de imposibilidad del parto natural, desgarros, aumento del número de episiotomías y una mayor necesidad de cesárea y de incidencia de hemorragia postparto, al tiempo que las estancias de hospitalización pueden resultar más prolongadas. Otra consecuencia posible es un índice de mortalidad materna y mortalidad perinatal más elevado en hijos de madres con mutilación tipo II y III.

En cuanto a las complicaciones psicológicas posibles, constatan que puede darse depresión, terrores nocturnos, miedo, ansiedad crónica, fobias e incluso alteraciones psicóticas; confusión y sentimientos de contradicción por la diferencia de valores entre la sociedad de origen y la sociedad en la que viven; incertidumbre y temor de las niñas y adolescentes que toman conciencia de su situación ahora que viven en otro país diferente al de origen habiendo sido mutiladas y miedo a las primeras relaciones sexuales o al parto.