Manos Limpias denuncia a la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid por el caso de la pareja de Díaz Ayuso

El sindicato y su director reclamarán una indemnización "millonaria" tras la sentencia absolutoria del Supremo por el 'caso Ausbanc'

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Manos Limpias ha denunciado ante el Consejo Fiscal a la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid y al fiscal del caso de Alberto G.A., pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por una "presunta falta grave" por la supuesta vulneración del secreto de las comunicaciones.

Así lo ha anunciado este martes el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, en la primera rueda de prensa que realiza después de que el Tribunal Supremo le absolviera de delitos de extorsión y estafa en el denominado 'caso Ausbanc'.

Bernad ha explicado que su sindicato se ha apoyado en el artículo 122 del Reglamento Fiscal para denunciar el caso de la pareja de Ayuso ante el Consejo Fiscal de la Fiscalía General del Estado. "Los fiscales están obligados a guardar el debido secreto de los asuntos reservados", ha insistido.

Según ha precisado, el sindicato presentó la denuncia el pasado 15 de marzo, a las 11.25 horas, ante el Ministerio Público. Esta iniciativa se suma a la ya anunciada ayer por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que anunció que interpondrá una denuncia administrativa y otra penal en relación a la presunta vulneración del secreto de las comunicaciones de un colegiado por la revelación de datos en la investigación relativa a Alberto G. A.

El letrado José María Bueno, del equipo jurídico de Manos Limpias, ha defendido que se trata de "una falta grave de libro", ya que se trata de "una filtración dolosa para fastidiar a una política triunfadora".

RECLAMACIÓN AL BBVA Y AL ESTADO

En el marco de la rueda de prensa, Bernad ha avisado de que se está preparando para presentar una reclamación de indemnización "millonaria" a BBVA --"por empezar el procedimiento con su denuncia"-- y al Estado tras la decisión del Supremo de absolverle.

Bueno ha puntualizado que actuarán por dos vías --la administrativa y la penal-- para que se compense la falta de ingreso del sindicato desde que se inició la investigación en la Audiencia Nacional, así como el daño por los nueve meses que Bernad pasó en la cárcel, el daño reputacional que consideran que sufrió y la correspondiente pérdida de oportunidades derivada de la investigación y la condena ahora anulada.

"No estamos hablando de un señor que ha estado nueve meses en prisión y luego se le ha absuelto al declararse la nulidad de las actuaciones, sino porque se ha concluido que los hechos no son delitos", ha añadido Bueno.

Con todo, Bernad se ha dicho "satisfecho" por la sentencia absolutoria. "Después de ocho años el Supremo me absuelve de unas gravísimas acusaciones, de formar parte de una organización criminal dedicada a extorsionar a las principales entidades del país", ha dicho para luego incidir en que esta sentencia "es la cara de una justicia que ha actuado respetando las reglas de la legalidad".

"Hay por contra otra cara de la justicia (...) que tiene nombres y apellidos: un juez Santiago Pedraz y un fiscal Daniel Campos", ha señalado, en referencia al magistrado instructor y al fiscal del 'caso Ausbanc'.

Al margen, Bernad ha asegurado que una vez terminado el juicio de Ausbanc le llegó un "audio que demuestra cómo el jefe de las cloacas del Estado controlaba a los máximos dirigentes de la Audiencia Nacional", en referencia al comisario jubilado José Manuel Villarejo. A su juicio, de dicha grabación se aprecia una "amistad íntima" entre el comisario y la magistrada Teresa Palacios, que formaba parte del tribunal que le condenó. "La juez ponente estaba contaminada", ha dicho.

Al hilo, ha manifestado que desde el sindicato tienen "en mente" personarse en la pieza nueve del 'caso Tándem' --también conocido como 'caso Villarejo'--, donde se investigan los servicios contratados por BBVA a CENYT --empresa de Villarejo-- para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017 y por los que se habrían pagado más de 10 millones de euros, para reclamar una compensación como responsabilidad civil.

Por último, Bernad ha avisado de que está pendiente que el Supremo resuelva sobre la denuncia que presentó el pasado noviembre contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un presunto delito de usurpación de funciones al entender que con la ley de amnistía vulnera la separación de poderes porque invade competencias propias del poder judicial.