MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha establecido este martes como prioridad del Gobierno la "derogación" de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida por sus detractores como 'ley mordaza', una norma "fallida" y "fruto del rodillo" del PP que se cambiará pero manteniendo la cobertura para que los policías realicen su función con "garantías", de forma que puedan "proteger" los derechos y libertades de la ciudadanía.
"El Gobierno tiene dentro de sus prioridades la derogación de la denominada 'ley mordaza", ha asegurado Grande-Marlaska en respuesta a una pregunta del senador del PSOE Raúl Díaz Marín. La nueva ley, ha añadido el ministro, estará "acompasada y se amoldará a los principios y valores constitucionales, pero también ofrecerá garantías a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que necesitan garantías y medios para desarrollar su trabajo".
Grande-Marlaska, que ha mencionado la oferta de empleo público, el acuerdo de equiparación salarial y el plan de inversiones para Policía y Guardia Civil, se ha mostrado convencido de que la actual legislatura del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos será "provechosa aunque a la derecha le cueste creerlo".
En este sentido, ha defendido la derogación de la 'ley mordaza' que fue "fruto del rodillo" de la mayoría absoluta del PP y que supuso "la ruptura del equilibrio entre el ejercicio de derechos y libertades y la seguridad ciudadana y ha motivado el colapso por las denuncias que se sustentan muchas veces en infracciones ajenas al ejercicio de proporcionalidad y conculcadora de derechos fundamentales".
"Estamos ante una ley que podríamos decir fallida", ha añadido Grande-Marlaska más adelante, insistiendo en la "reforma" de dicha ley. "Queremos una ley de Seguridad Ciudadana que sea realmente el espíritu del artículo 104 de la Constitución, una legislación moderna y consensuada, que dé cobertura a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y libertades y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para el ejercicio de su función, que es proteger esos derechos", ha concluido.