Maroto (PP) acudirá a la Mediación pero cree que es SOS Racismo quien debe "pedir disculpas"

VITORIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), ha anunciado que acudirá al Servicio de Mediación Intrajudicial de Álava -tal y como ha propuesto la Fiscalía como medida para buscar una solución "pacificada" al conflicto por sus declaraciones contra las personas de origen magrebí-, aunque ha asegurado que es SOS Racismo el que debería "pedir disculpas" por los "insultos" que le ha dirigido.

Maroto, a través de unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación por el Gobierno municipal del PP en Vitoria, se ha referido a la decisión del Fiscal Superior del País Vasco de remitir al Servicio de Mediación Intrajudicial las diligencias iniciadas a partir de una denuncia de SOS Racismo, que responsabiliza al alcalde de un posible delito de incitación al odio por motivos raciales.

La denuncia aludía a unas afirmaciones en las que Maroto aseguró que los marroquíes y los argelinos que residen en Vitoria "viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar e integrarse". Además, afirmó que "el fraude en las ayudas sociales para algunos colectivos, para algunas nacionalidades concretas, es escandaloso".

Maroto ha anunciado que acudirá al Servicio de Mediación Intrajudicial, un mecanismo que, según ha explicado la Fiscalía, se utiliza para buscar una solución "pacífica" a determinados conflictos.

El alcalde de Vitoria ha asegurado que, en todo caso, es SOS Racismo el que debería "reflexionar" y "pedir disculpas" por los "insultos" que le ha dirigido.

Maroto ha insistido en que "lo único" que pretende es "eliminar el abuso y el fraude en las ayudas sociales". Los cobros indebidos de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) atribuibles a conductas de los perceptores suponen un 1,6 por ciento del presupuesto total de estas prestaciones --20,8 millones de euros en tres años de un global que supera los 1.313 millones--, según datos del Gobierno vasco correspondientes a 2012, 2013 y 2014. Además, de estos 20,8 millones, sólo 3,8 corresponden a actuaciones en las que se ha confirmado una actuación "fraudulenta".