Más de 200 imputados y tres personas en la cárcel por casos de corrupción

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los casos de presunta corrupción abiertos por los tribunales canarios se han saldado, de momento, con el ingreso en prisión de tres personas y la imputación de más de 200, entre políticos, funcionarios y empresarios en los principales casos abiertos en el archipiélago, según datos recopilados por Europa Press.

Uno de los casos más polémicos es el conocido como la "trama eólica" vinculado a supuestas irregularidades en la convocatoria de un concurso eólico en Canarias, y que se inició con la detención de siete personas el 8 de febrero en 2006. El Juzgado de Instrucción Número 7 de la capital grancanaria ordenó en marzo de este año la apertura del juicio oral contra los 6 principales imputados: el ex director general de Industria del Gobierno regional Celso Perdomo (PP), y su novia, la funcionaria del Cabildo grancanario Mónica Quintana, el ex jefe de área de Industria, Honorato López, y los empresarios Enrique Guzmán, Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel. El 'caso eólico' ha pasado a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento por un Tribunal del Jurado.

Por otro lado, el juez Javier García dictó un auto en mayo de 2009 por el que transformó en procedimiento abreviado las diligencias del 'Caso Faycán', de forma que cerró la causa con 37 imputados y tras más de tres años de investigación del presunto cobro de comisiones ilegales durante el anterior mandato local en Telde (Gran Canaria), de PP y Agrupación Federal de Vecinos del Valle de Jinámar-Ciudadanos por el Cambio (AFV-Ciuca).

Igualmente, la pasada semana fue admitida a trámite una querella contra el ex alcalde del PP en Telde, Francisco Valido, y otros 7 concejales y ex ediles del PP y AFV-Ciuca y el representante legal de una empresa por presunta prevaricación en la permuta de un edificio.

También en Gran Canaria continúa pendiente de resolución judicial la 'Operación Brisán' sobre corrupción municipal y urbanística en Santa Brígida con una decena de imputados; así como otro sumario por presuntas irregularidades en la concesión de tres licencias urbanísticas del ex alcalde de Firgas Francisco Ponce.

La 'Operación Unión', que investiga una supuesta red de corrupción urbanística y de comisiones ilegales a empresarios de Lanzarote, afecta al Ayuntamiento de Arrecife y tiene ramificaciones en otros municipios como Yaiza. Arrancó el 25 de mayo y ha dejado por el momento dos personas encarceladas y 35 imputados. De los 20 detenidos en la operación, siete de ellos ingresaron en prisión, aunque permanecen en la cárcel el empresario Luis Fernando Lleó y el ex presidente del Cabildo y fundador histórico del Partido Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín.

El caso de presunta corrupción más reciente en el archipiélago ha afectado al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, del PIL, que ingresó en prisión el 4 de octubre, mientras que su mujer y tres de sus hijos quedaron en libertad con cargos. Por otro lado, en Fuerteventura, el alcalde de Pájara, Rafael Perdomo (PSC-PSOE), y dos ediles están imputados por presunto cohecho y tráfico de influencias.

LAS TERESITAS

La compraventa del frente de playa de Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife sigue abierta y ha generado varios casos. El primero fue un contencioso administrativo que dio la razón a la Coordinadora de El Rincón, un colectivo ecologista, reconociendo que la transacción fue incorrecta al no contar con tasación municipal, entre otros argumentos.

Este recurso se resolvió pero en 2005 otro colectivo apoyado por socialistas, Insula Viable, denunció ante Fiscalía Anticorrupción "un pelotazo" en el frente de playa con la compraventa del litoral por 52 millones de euros, una compensación urbanística y en altura de unos terrenos agrícolas (El Valle de Las Huertas) y cuyos 'propietarios' denunciaron que no les habían pagado; así como detalles de la compraventa como que una entidad financiera otorgó en 48 horas un préstamo de 33 millones.

Hay 16 imputados, entre los que destaca el alcalde, Miguel Zerolo (CC), por presunto cohecho, prevaricación y malversación de fondos. También lo están el ex edil de Urbanismo, Manuel Parejo, el gerente de Urbanismo, José Tomás Reyes, el portavoz del grupo socialista en el momento de la compraventa, Emilio Fresco, el del PP, José Emilio García Gómez y los empresarios de Inversiones las Teresitas que vendieron Antonio Plasencia e Ignacio González, la mayoría acusados de malversación de fondos.

En 2008, también en Las Teresitas, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza presentó la primera denuncia por la construcción de unos aparcamientos en dominio público. Se sumaron luego el PSOE y la Plataforma de Amigos del Litoral de Anaga. En este caso están imputadas unas 8 personas, entre ellas, el ex edil de Urbanismo, Manuel Parejo, la concejala actual Luz Reverón, así como técnicos y funcionarios municipales.

'CASO ARONA'

Desde junio de 2009 han sido imputadas 34 personas en el 'Caso Arona', entre ellas el alcalde, José Alberto González Reverón (CC), varios concejales del anterior mandato y de éste, además de empresarios, funcionarios, técnicos y arquitectos acusados de más de 70 delitos, entre los que figuran delitos continuados del prevaricación y por el ordenamiento del territorio.

Otro caso en Tenerife es el Plan Parcial de El Varadero en El Rosario en un espacio protegido por el Plan Insular de Ordenación y que saltándose los trámites ha llevado ante los tribunales a 13 personas, como el alcalde, Macario Benítez (PSC-PSOE), y miembros de su corporación así como funcionarios y técnicos. La denuncia fue presentada por IR-Los Verdes el 9 de abril de 2007.

También ha sido denunciado el ex alcalde de Valle Gran Rey (La Gomera), Esteban Bethencourt (CC), acusado de presunta malversación de fondos públicos. Bethencourt es, además, aforado por ser miembro del Parlamento de Canarias.

En Tazacorte (La Palma) hay varios frentes abiertos por la construcción de un edificio. El más llamativo es la causa penal abierta por el juzgado de Los Llanos de Aridane donde hay 32 imputados, entre ellos, el viceconsejero de Ordenación del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pulido, por autorizar la construcción del inmueble en un suelo que no era urbano tal como ha señalado el Tribunal Supremo. La Dirección General de Costas mantiene además un litigio abierto para ampliar a 100 metros el deslinde del frente marítimo.